‘Cartel de enfermos mentales’ empezó en una clínica de garaje
EL HERALDO accedió al expediente de la red corrupta en Sincelejo.
Una clínica de mentira con un capital de $1 millón; pacientes con dolores de estómago que hicieron pasar como enfermos mentales y suplantación de médicos son, entre otras, las anomalías descritas en el fallo de la Contraloría contra el exgobernador Julio Guerra T.
EL HERALDO conoció el fallo de la Contraloría contra el exgobernador Julio César Guerra Tulena
Una clínica de garaje, pacientes con dolor de estómago que hicieron pasar como drogadictos y médicos y auditores que mintieron para desfalcar al Estado, entre las curiosidades del expediente.
Primero crearon una clínica de mentira con un capital de un millón de pesos. Luego cogieron pacientes de los hospitales con dolores de estómago, heridas en un dedo o embarazadas y los hicieron pasar como enfermos mentales y farmacodependientes. Después pusieron a médicos a registrar que los pacientes falsos habían sido hospitalizados y tratados y finalmente consiguieron auditores de cuentas que dejaran los números listos y de esta forma hacerse, entre 2013 y 2015, a la suma de $2.398 millones del Sistema General de Participaciones, que es la plata que la Nación envía a los departamentos y de las regalías, que son los recursos que pagan las compañías por explotar los recursos naturales en las regiones.
Así lo estableció la Contraloría al fallar fiscalmente en contra del ex gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, varios de sus funcionarios y el representante de la Clínica Nuevos Amaneceres, en el caso que todo el país conoce como el Cartel de los Enfermos Mentales. EL HERALDO tuvo acceso a la decisión, de 169 páginas, y aunque está fechada desde el pasado 18 de enero de 2019, solo se dio a conocer a la opinión pública a mediados de julio pasado.
La condena es contra Guerra Tulena; gobernador entre 2012 y 2015; Nayibe Padilla, ex secretaria de Salud; Efraín Suárez, ex secretario de Salud; Samir Serpa, líder del programa de auditoría; Oswaldo Contreras, auditor médico; Samuel Palencia, médico; Jorge Ramírez, médico; Nadín Farak, auditor de cuentas; Ana Vergara, profesional de autorizaciones; a la Clínica Nuevos Amaneceres y a su representante legal Ernesto González. Y se falló sin responsabilidad fiscal a favor de Ana Ríos, auditora de cuentas.
UNA CLÍNICA DE GARAJE
Todo empezó cuando el 4 de octubre de 2013, el secretario de Salud de Sucre habilitó a la IPS Nuevos Amaneceres para “prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria”.
Posteriormente, durante 2014 y 2015, la clínica radicó en la Secretaria de Salud de Sucre varias decenas de cuentas de cobros por los servicios prestados en salud mental, durante los años 2013, 2014 y 2015 a población pobre no asegurada del departamento.
Según los soportes, los pacientes tenían “trastornos del comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas”. Por eso, conforme a los documentos adjuntos, inicialmente recibieron atención de urgencias en el Hospital Regional de Corozal, Sucre, y posteriormente fueron remitidas para su internación psiquiátrica a la Clínica Nuevos Amaneceres.
Pero ni los pacientes, ni la atención de urgencias ni las internaciones psiquiátricas existieron.
DE UN DOLOR DE ESTÓMAGO A DROGADICTOS
En cada una de las facturas que pasó la clínica de papel se cobraron “servicio de habitación, atención intrahospitalaria por especialista en psiquiatría, consulta ambulatoria de medicina especializada, valoración por psicólogo, sesiones de psicoterapia individual y de grupo por psiquiatría, sesiones de psicoterapia individual y de grupo por psicólogo, secciones de psicoterapia de familia, exámenes de laboratorio y suministro de medicamentos”.
Ninguno de estos servicios se prestó realmente. La Contraloría, al respecto, determinó que tampoco hubo atención inicial de urgencias por parte del Hospital Regional de Corozal.
De hecho, la gerente del hospital, Eugenia Díaz, afirmó al ente de control que esa empresa social del Estado “no prestó la atención inicial de urgencias, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas relacionadas, ni expidió las hojas de remisión, ni las supuestas órdenes de hospitalización” que había adjuntado a las facturas IPS Nuevos Amaneceres.
Agregó la gerente, en medio de una sorprendente revelación, que “algunas de las personas relacionadas en nuestra solicitud sí fueron atendidas en el hospital pero por causas diferentes a la farmacodepencia, tales como dolor abdominal, embarazo, cefalea crónica, consulta por ginecología, consulta por ortopedia, dolor toráxico, traumatismos múltiples, consulta externa, apendicetomía, cesárea, dengue, dolor en el pecho, sutura en abdomen, herida en un dedo, fractura antebrazo, ecografía abdominal, fiebre, parto, pero ninguno fue remitido para atención psiquiátrica”.
LOS MÉDICOS MINTIERON
Luego, para el procedimiento de autorización de servicios de salud mental, se precisa en el fallo, el auditor concurrente debe ir a la IPS y corroborar que el usuario se encuentra internado y está recibiendo tratamiento médico.
En este aparte el organismo revisor advirtió: “Se comprobó (…) que la labor de auditoría de concurrencia, respecto de los servicios de internación en salud mental supuestamente prestados por la IPS, estaba asignada a los profesionales médicos Samuel Palencia y Jorge Ramírez, el primero funcionario de planta de la Secretaria de Salud y el segundo contratista del ente territorial, quienes conforme a las actas que suscribieron, supuestamente hicieron constar que verificaron a través de visitas a la referida IPS, que el usuario se encontraba internado y estaba recibiendo el tratamiento médico especializado que le fue cancelado a la misma”.
Sin embargo, la entidad de investigación fiscal halló que “no existen físicamente en el archivo de la oficina de auditoría médica de la Secretaria de Salud Departamental las actas de las auditorías de concurrencia, realizadas durante los años 2013, 2014 y 2015”.
AUDITORES Y PAGOS
Finalmente, sobre la auditoría de cuentas, para que se efectuaran los pagos, el fallo señala que esta labor fue realizada por Nadín Farak y Ana Milena Ríos, el primero funcionario de planta de la Secretaría de Salud y la segunda contratista.
La labor de ambos fue supervisada por Samir Serpa, líder del proceso de auditoría.
No obstante, en la decisión se indica que “en el archivo físico de la oficina de auditoría no reposan los informes de auditoría respecto de la facturación presentada por la IPS Nuevos Amaneceres”.
Así mismo, señala el fallo sobre el modus operandi de los auditores: “Se audita y se paga dos veces una misma factura”.
Tras este proceso auditor de facturación irregular, el exgobernador Guerra Tulena, con el visto bueno de la secretaria Padilla y del auditor Serpa, ordena el pago a la IPS por $2.398 millones. Plata que salió del Sistema General de Participaciones, SGP, destinada para la financiación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del departamento de Sucre y con plata también del Sistema General de Regalías, SGR.
UN PSIQUIATRA SIN PACIENTES
Un psiquiatra, Gustavo Zambrano, una de las fuentes médicas usadas por la Contraloría para desentrañar el Cartel de los Enfermos Mentales, contó que firmó un contrato con la IPS en 2013 pero que este nunca se ejecutó, ni vio pacientes nunca ni ejerció tampoco su labor.
Lo llamativo es que el galeno, sobre las historias clínicas anexadas a las facturas y que aparecen con su firma falsificada, asevera: “No es mi firma, ni mi sello, ni yo atendí esos pacientes. Las historias adolecen de rigor científico, los términos utilizados en las mismas no son técnicos. Los tratamientos no tienen ninguna base científica, de hecho, los medicamentos que aparecen suministrados podrían causarle la muerte al paciente si son utilizados en esa forma”.
Así mismo, agrega el ente de control que los pacientes aparecían sorpresivamente con los mismos casos médicos: “Estos pacientes presentaron los mismos síntomas, evoluciones y mejorías en los mismos días en el tiempo que estuvieron internados. Algo extraordinario que ni siquiera ocurre en los casos de gemelos univitelinos. Lo único que cambia es el nombre del paciente”.
$1 MILLóN, EL CAPITAL DE LA IPS
La Supersalud determinó, por solicitud de la Contraloría, que la IPS Nuevos Amaneceres de Sucre SAS, recibió por concepto de prestación de servicios de salud, cancelados por el departamento de Sucre, durante la vigencia 2014, un valor de $1.486 millones y en la vigencia de 2015 la suma de $1.518 millones, para un total percibido de $3.004 millones.
“Sin embargo, se denota que esta no es la realidad financiera de la IPS con respecto de sus ingresos que reporta ante la Superintendencia de Salud, ya que en sus estados financieros solo reporta ingresos durante las vigencias 2013 y 2015 en cuantía total de $1.966 millones, omitiendo el reporte de los cuantiosos ingresos percibidos durante la vigencia 2014 por valor $1.486 millones, cancelados por el departamento de Sucre”, se lee en el fallo.
Por ello, el organismo revisor concluye que la IPS “era una clínica de garaje creada solo para desfalcar” y que “dicha IPS no contaba con la suficiencia patrimonial, financiera, administrativa y operativa para poder prestar los servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria”.
Primero, su capital social era de $1 millón, “que no alcanzaban ni para pagarle el sueldo a los empleados que manifestaba tener”.
Además, el talento humano no tenía la formación para la atención y el tratamiento del consumidor de sustancias psicoactivas y al paciente de salud mental y la infraestructura e instalaciones físicas no eran aptas para prestar los servicios de internación puesto que ni siquiera contaban con una planta eléctrica que garantizara la continuidad de la atención a los pacientes en caso de fallas en el servicio.
Y tampoco contaba con áreas definidas y exclusivas para pacientes consumidores de sustancias psicoactivas ni poseía equipos de electrocardiograma, carro de paro ni equipo básico de reanimación, entre otros.
“GUERRA FALTó A SU DEBER”
La Contraloría cuestiona en la decisión que Guerra Tulena “faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de estos recursos destinados a la salud, pues no desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión, ocasionando el desmedro de los recursos”.
El exgobernador, de 86 años –uno de los mandatarios departamentales con mayor edad elegidos en el país-, nació en San Andrés de Sotavento, Córdoba y estudió medicina. Fue representante y senador por el Partido Liberal desde 1991 hasta el 2002, cuando no pudo lograr la reelección. En 2007 aspiró a la Gobernación pero fue derrotado. En diciembre del año pasado la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato de capacitación a población vulnerable, que superó los $3.853 millones de pesos.
Por el Cartel de los Enfermos Mentales, la Fiscalía, en marzo de 2017, ordenó las capturas del exsecretario Suárez; al exsecretario José Madera; al auditor Serpa; al representante de la Fundación Nuevo Ser Luis Fadul y al contador de Guerra Ronaldo Herazo, por los delitos de peculado, prevaricato, concierto para delinquir, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros. A esta hora se realizan las audiencias concentradas.
En el caso penal, las pesquisas arrancan desde 2012, un año antes que el expediente fiscal, y también incluye a la IPS Nuevo Ser, con lo que la suma desfalcada asciende a $5 mil millones. Un juez encarceló a los capturados y envió a la detención domiciliaria a González, representante legal de la clínica y quien aceptó cargos; al exsecretario Suárez, por enfermedad grave y a la exsecretaria Padilla.
En junio de 2018, el Juzgado 4 Penal del Circuito de Conocimiento de Sincelejo condenó a 10 años y cuatro meses de prisión a González, representante de la IPS, quien había aceptado los cargos de peculado a favor de terceros, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.