Escalofriante hallazgo

Creíamos haber perdido la capacidad de asombro, pero lo ocurrido en un juzgado de Barranquilla, que engavetó más de mil procesos con sus respectivas condenas, muestra que no existen límites para el estupor.

Con todo lo que sucede en nuestro siempre agitado país, creíamos que ya no nos quedaba capacidad para el asombro. Pero la noticia que hoy publica EL HERALDO en su portada sobre lo ocurrido en un juzgado de Barranquilla demuestra que no existen límites para el estupor. La historia es tan sencilla como escalofriante: en el Juzgado Quinto Penal de Circuito se detectaron más de mil procesos judiciales cuyas sentencias nunca se cumplieron, porque los expedientes no se remitieron, como es preceptivo, a los juzgados de ejecución de penas para que realizaran su parte del trámite.

De acuerdo con la información obtenida

por este diario, el escándalo lo descubrió la nueva titular del juzgado del circuito, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El ente acusador investiga en este momento a algunos exfuncionarios del despacho judicial para establecer si nos encontramos ante un delito o un asunto de –terrible, sin duda– negligencia administrativa. Debido a que las sentencias fueron engavetadas, más de mil condenados por distintos delitos –desde homicidios hasta estafas– nunca pagaron por sus crímenes. Y ya no lo harán, puesto que los plazos para el cumplimiento de las sentencias ya prescribieron, según señalaron a este periódico fuentes fiables.

Y lo peor, si cabe, es que más de uno de esos criminales continuó delinquiendo: este diario encontró, por ejemplo, que una de las personas condenadas por homicidio y hurto, y que se libró de ir a prisión, tiene en la actualidad 24 anotaciones por hurto en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Lo ocurrido es de tal gravedad que las autoridades deben llegar hasta el fondo en sus investigaciones. No se trata solo de que más de un millar de criminales se hayan librado de pagar por su delito, sino de la sensación de impotencia que seguramente van a experimentar muchas víctimas o sus familiares cuando se enteren–si es que no lo han hecho estos años– de que sus victimarios nunca cumplieron pena alguna. ¿Cómo se les va a compensar por esta aberración? Es probable que en los próximos días vayamos despejando algunos interrogantes que surgen en este asunto. En particular, cómo fue posible que nadie –abogados, fiscales, incluso familiares de víctimas– lanzara alguna voz de alerta de que las sentencias no se estaban cumpliendo.

Nos encontramos, sin duda, ante un caso insólito que esperamos se aclare con prontitud por el bien de la institución judicial. Y esperamos que los expedientes detectados en el Juzgado Quinto no sean solo la ‘punta del iceberg’ de un escándalo mucho mayor.

No se trata solo de que más de mil criminales no hayan pagado por su delito, sino de la desoladora sensación de impotencia que puedan sentir las víctimas y sus familiares.