Capturan a 20 por venta de documentos a migrantes
Los operativos, realizados por CTI de la Fiscalía, se realizaron en Atlántico y en otras zonas del país ➲ EL HERALDO había denunciado caso en junio.
Entre los detenidos hay siete funcionarios de la Registraduría y siete exfuncionarios que vendían cédulas, registros civiles y visas, entre otros E En el operativo del CTI y Migración cayeron 13 en la Costa, que ayer fueron conducidos a la URI.
Detectives del CTI de la Fiscalía y miembros de Policía detuvieron en operativos en el departamento del Atlántico y en otras zonas del país a 20 servidores públicos y exfuncionarios de Registradurías, envueltos en la presunta venta de identidades a ciudadanos extranjeros, en su mayoría a venezolanos. EL HERALDO conoció ayer en primicia que esta redada contra el tráfico de documentos para migrantes deriva de una investigación que se dio a conocer en noviembre de 2016, fecha para la cual el ente investigador informó sobre una red que habría obtenido $8 mil millones en cuatro años vendiendo alrededor de 8.000 documentos a venezolanos, cubanos, sirios, chinos y lituanos. En las pesquisas se detectó que los involucrados cobraban a los extranjeros hasta $1 millón por registro civil, cédula y pasaporte colombianos.
Esto ahora se trataría de una segunda fase de dicha investigación que adelantó la Fiscalía 56 EDA de Medellín en su momento, en colaboración con Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Interpol Colombia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de los Estados Unidos.
Los recientes operativos contra esta supuesta red de tráfico de migrantes y de documentos de identidad se llevaron a cabo en Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Campo de la Cruz, Polonuevo, Santa Lucía y Malambo.
Seis de los 20 detenidos fueron identificados por las autoridades como Raúl Escobar, auxiliar de la Registraduría de Barranquilla; Donaldo Cabrera, registrador de Santa Lucía; Donaldo Rivera Acuña, funcionario de Polonuevo; Francisco Florián, auxiliar de la Registraduría en Santo Tomás, y Moisés Jiménez, exregistrador de Campo de la Cruz, y Jesús Zambrano, auxiliar de la Registraduría de Malambo, municipio del área metropolitana.
Estas personas, de acuerdo con la investigación adelantada, harían parte de la estructura que llevaba a “falsos ciudadanos colombianos a migrar por el mundo”, tal y como lo señaló la Fiscalía.
Fuentes del ente investigador informaron además a este medio que esta era una “organización criminal transnacional conformada por servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y particulares, quienes participaban en la elaboración de documentos públicos (cédulas de ciudadanía, pasaportes y visas), sin el cumplimiento de los requisitos legales, para nacionalizar a ciudadanos extranjeros y propiciar su salida del país en calidad de nacionales colombianos”.
Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
LA TRAMITADORA.
Esta casa periodística publicó a mediados de junio un informe relacionado con una supuesta “intermediaria” de la Registraduría que nacionalizaba colombianos a ciudadanos venezolanos sin ningún tipo de arraigo en Colombia. La supuesta intermediara aseguraba en ese momento que más de 15 venezolanos habían obtenido la ciudadanía con solo pagar $1.500.000.
Por ese valor, según la investigación adelantada por este medio y que fue luego entregada a la Registraduría, venezolanos terminaban “nacionalizados” rápidamente aunque no tuvieran de padres colombianos, requisito fundamental para obtener el registro y la cédula.
La mujer se movía a través de grupos de WhatsApp y le decía a sus clientes que “la gestión únicamente se puede realizar en Barranquilla, en la sede Centro de la Registraduría”, debido que allí era “donde está la gente interna que puede hacer el registro”.
La tramitadora dejó claro que ella es “solo una intermediaria” y que en el interior de la Registraduría está la persona que internamente “realiza todo el papeleo”.
En aquella oportunidad entes de control locales pidieron investigar la situación en la Registraduría local.