AUDIENCIA A JUECES POR CORRUPCIÓN EN CENTRO DE SERVICIOS
Se trata del proceso contra los togados 12 y 13 penal municipales, implicados en 2015 en una investigación por prevaricato, falsedad en documento y concierto para delinquir.
Después de 4 años, cuando se destapó el sonado caso de corrupción en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, dos de los funcionarios de la Rama Judicial que cayeron como supuestos integrantes de una red de manipulación de audiencias, los jueces 12 y 13 penal municipal con funciones de control de garantías, fueron apenas llamados a audiencias preparatorias ante los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.
Se trata de los jueces Jesús Uribe Henriquez y José de Jesús Vergara Otero, investigados por los delitos de prevaricato por acción agravado, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo en concurso con constreñimiento para delinquir, concusión y concierto para delinquir.
Durante la audiencia preparatoria, que se debe llevar a cabo el próximo 23 de octubre, los defensores de los togados y la Fiscalía deberán presentar su material probatorio a la Sala Penal del Tribunal Superior, quienes decidirán sobre las pruebas que serán tenidas en cuenta de cara al juicio oral.
UN AÑO SIN AUDIENCIAS. Este medio conoció que la última audiencia que el Tribunal Superior de Barranquilla había llevado a cabo por este caso data del 4 de abril de 2018. En esa diligencia preparatoria, la defensa de los jueces procesados solicitó revocatoria de la decisión por incumplimiento de la Fiscalía en el descubrimiento probatorio.
El Tribunal elevó esta revocatoria a la Corte Suprema de Justicia, que, un año después, el pasado 3 de julio, respondió que se abstenía de resolver dicho recurso, ya que “la decisión adoptada por el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior no fue un auto susceptible de impugnación sino, simplemente una orden, frente a la cual no procede alzada”, explicó el fallo de la Corte.
Investigadores intervinientes en el caso dijeron a EL HERALDO que dicho recurso retrasó un año el comienzo del juicio contra los togados.
COMPULSAN COPIAS. Por este mismo proceso se llevan a cabo diligencias judiciales en el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento contra Enisberto José Maestre Fernández, César Miguel Villadiego Hernández, Orlando Anaya Durán, y Luis Carlos Tovar Vanegas, funcionarios y abogados que al parecer hicieron parte de la supuesta red de corrupción en las oficinas de reparto de audiencias de los juzgados de Barranquilla.
El pasado martes 13 de agosto, en audiencia de formulación de acusación que no se pudo llevar a cabo, el juez Álvaro Pájaro compulsó copias con destino al Consejo Seccional de la Judicatura contra el abogado Raúl Cadena Lozano, apoderado del procesado Orlando Anaya.
De acuerdo con lo consignado en el acta de la diligencia por la secretaría del juez, el defensor de Anaya dijo no recibir notificación de la audiencia, sin embargo, “la oficina del Centro de Servicios comunicó mediante oficio confirmó la realización de la audiencia de la fecha al doctor Raúl Cadena Lozano”.
EL CASO. En agosto de 2015, investigadores de la Dijín de la Policía y agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a 13 personas presuntamente implicadas en actos de corrupción al interior del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Entre los capturados figuraban los jueces penales municipales Edwin Volpe Iglesias, José Vergara Otero y Rafael Uribe Henríquez; la juez cuarta penal del circuito Gloria Amparo Giraldo Ruiz; el fiscal Óscar Contreras Amarís; los funcionarios del complejo Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández; los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo; el coordinador de la Casa de Justicia del barrio La Paz, Armando Castro Barraza; el inspector de Policía, Francisco Sanabria Muñoz, y una líder del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.
Días después fue capturado Enisberto José Maestre Fernández, secretario del juzgado 13 penal municipal. Todos fueron relacionados con presuntas irregularidades en la “asignación de audiencias y la toma de decisiones de algunos jueces”, informó la Fiscalía.
El proceso presentado ante el país como una “red de corrupción”, se ha ido diluyendo en casos aislados.
A el juez Edwin Volpe le fue imputado el delito de prevaricato por acción, por revocar el 20 de diciembre de 2014 la medida de aseguramiento intramural contra el empresario cartagenero Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, procesado por concierto para delinquir agravado, homicidio, y financiación de grupos de delincuencia organizada.
A la jueza Gloria Giraldo le correspondió por reparto estudiar la apelación que el fiscal 48 contra el crimen organizado, Hugo Quintero Ariza, presentó contra la libertad al ‘Turco’ Hilsaca, la cual confirmó en segunda instancia.
La Fiscalía imputó a Giraldo el mismo delito que a Volpe, con el argumento de que había fallado contra la ley. A los dos, un juez de Cartagena les impuso medidas de aseguramiento domiciliarias.
Sobre Giraldo posteriormente un juez ordenó su libertad y fue reintegrada al cargo de jueza 4ta. penal del circuito.
El 2 de diciembre de 2014, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, juez 13 penal fue designado como juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, adquiriendo así la facultad de cambiar de puesto de trabajo a dos funcionarios de dicha dependencia.
Gracias a la actividad de un agente encubierto dentro de los funcionarios del centro de servicios, se pudo conocer una conversación donde funcionarios presuntamente constreñían al agente encubierto a inducir al encargado de asignación de audiencias del centro de servicios para que se redireccionara el reparto de una audiencia que tenía como fin suspender el poder dispositivo sobre un bien de propiedad de International Trade Logistic S.A, avaluado en 40 mil millones de pesos.
Según la Fiscalía, la diligencia fue efectivamente asignada de manera irregular al Juez 12 Penal Municipal con función de Control de Garantías José Vergara Otero, quien el 27 de febrero de 2015 adelantó la audiencia, ordenando suspender provisionalmente la facultad dispositiva del inmueble. En total son más de 5 hechos jurídicamente relevantes que la Fiscalía documentó contra los procesados.
Por este proceso van cuatro condenados: el exfiscal Contreras Amarís, Armando Castro Barraza; el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz y la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Isabel Caré Parra.