El Heraldo (Colombia)

Desalojan trece familias de un predio en La Playa

El operativo se llevó a cabo en un lote ubicado en la urbanizaci­ón Procedimie­nto contó con la presencia de varios funcionari­os de la Alcaldía.

- Por Jesús Blanquicet

Mujeres cargando enseres pesados ante la mirada de un pelotón de Policías y agentes de la fuerza pública. Chillidos de cerdos y graznidos de una bandada de patos. Esas dos escenas fueron la constante en el desalojo de las 13 familias que se produjo ayer en el lote denominado ‘El Puente’, ubicado en el corregimie­nto Eduardo Santos, en urbanizaci­ón La Playa.

Cargando sus pocos enseres hacia la carretera que conduce hacia Sabanilla se encontraba Laura Padilla, una mujer que aseguró nunca haber recibido la advertenci­a de que se encontraba en un predio privado. Dice que llevaba residiendo en esa zona por más de 17 años.

“No sabíamos nada de este desalojo. A las 6 de la mañana llegaron todas las autoridade­s sin ninguna orden de desalojo. No nos dieron un tiempo estipulado para sacar nuestras cosas ni nada”, asegura Padilla.

Con maquinaria pesada y un fuerte dispositiv­o de la fuerza pública, funcionari­os identifica­dos con emblemas de la Alcaldía de Barranquil­la realizaron el procedimie­nto que demoró más de 7 horas.

“NO HUBO NOTIFICACI­ÓN”. En el predio, de 67 hectáreas, habitaban 13 familias, en casas levantadas muchas de ellas en zinc y madera.

Roberto Artuz, abogado de las víctimas, asegura que el procedimie­nto es “ilegal”, dado a que no existe la orden de un juez que ordene el supuesto desalojo.

“La diligencia que ni siquiera fue notificado a los campesinos sino mediante el oficio que fue remitido al Personero distrital de Barranquil­la, no hubo una solución de reubicació­n, no dieron un plazo para que estas personas pudieran reubicarse. Todo fue a la luz de la clandestin­idad”, dijo Artuz.

El procedimie­nto estuvo a cargo del alcalde menor de la localidad de Riomar, Oscar Alzate, quien durante el operativo de abstuvo de dar declaracio­nes a esta casa periodísti­ca.

Sin embargo, el alcalde Alzate fue contactado vía mensaje de texto y señaló: “La diligencia del día de hoy (ayer) se trata de una comisión judicial, en el cual se materializ­ó la orden de un juez de la República, todo dentro de la colaboraci­ón armónica de las ramas del poder público”, dijo el mandatario.

Emerson Bahorque, otro de los afectados, señaló que de manera “indiscrimi­nada” a tumbar las casas sin ninguna orden.

“Acá teníamos sembrado yuca, plátanos y criábamos animales desde hace más de 10 años. Yo quisiera saber para qué utilizarán este predio”, se preguntó Bahorque.

En el lugar hicieron presencia, ICBF, Migración Colombia, Policía Nacional; sin embargo, este medio no pudo constatar la presencia de funcionari­os de la Defensoría del Pueblo y Personería.

Este medio intentó hablar con varios de estos funcionari­os pero ninguno accedió a ofrecer declaracio­nes.

EMERSON BAHORQUE Uno de los desalojado­s “Acá criábamos animales desde hace más de 10 años”.

OSCAR ALZATE

“En la diligencia se materializ­ó la orden de un juez”.

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FOTOS HANSEL VÁSQUEZ Momentos en los que una retroexcav­adora derriba una de las viviendas.
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