Experto asume indagación por obra de Obregón en El Prado
En una denuncia interpuesta ante el ente de control, la empresa Salam Delivery Fast S.A.S manifestó que el consorcio FTP tiene pagos pendientes por $1.400 millones.
Una comisión patrimonial integrada por la Secretaría Distrital de Cultura y el restaurador oficial del teatro Amira de la Rosa, Rodolfo Vallín, visitarán el jueves el Hotel El Prado para verificar si fresco descubierto en un salón es obra del artista.
Por un supuesto incumplimiento de pagos por parte del consorcio FTP, administrador del Hotel El Prado, a la empresa Salam Delivery Fast S.A.S, el apoderado del caso, el abogado Antonio José Morales Ibañez, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Fontur en la que exige el pago de unos contratos pendientes por un valor de $710.000.000, que con intereses podrían ascender a cerca de $1.400 millones.
El presunto afectado, el propietario de Salam Delivery Fast S.A.S, una empresa de logística, manifiesta en el documento que, el 20 de febrero de 2017, el consorcio FTP recibió un cobro pre jurídico por un dinero que “les habían pedido prestado”.
En la denuncia presentada ante la Procuraduría, el demandante indica que en un pagaré suscrito y debidamente autenticado en la Notaría Novena de Barranquilla se dejó por escrito el valor inicial de la deuda, $710.000.000, que de no ser cancelados se iniciaría un proceso jurídico que “elevaría los costos o el valor adeudado por los intereses y costas o gastos del proceso que esto acarrea”. Según le informó a EL HERALDO uno de los abogados representantes de la empresa de servicios, hay órdenes de pago ya emitidas por parte del Tribunal Superior y por la Corte Constitucional, pero el consorcio FTP “no les ha querido pagar la cantidad que adeudan”.
Incluso, en uno de los apartados de la denuncia, el apoderado manifiesta que el consorcio FTP efectivamente “no atendió el requerimiento de pago del pagaré que hizo el acreedor Salam Delivery Fast S.A.S, a través de su representante legal”.
Debido a esto, según lo evidenciado en la denuncia y debido a que “la parte demandada ha sido vencida en juicio en todas las instancias del proceso”, el demandante manifiesta que, de forma irregular, el consorcio FTP se habría valido de la firma GyG Hoteles S.A.S para “adquirir bajo su nombre la administración del Hotel El Prado”, con el objetivo de “evadir los embargos decretados por el juez”. Esto, tal cual lo expone el apoderado en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación.
Por esta razón, acusan al consorcio FTP de estar “violando el contrato de concesión, haciendo uso inapropiado de dineros públicos al transferirlos para que los administre un tercero” y a Fontur de haber sido “permisivo” en lo que ellos consideran una “violación contractual y disciplinaria”.
“Fontur no ha cumplido su obligación legal de administrar y velar por los recursos de la operación del Hotel El Prado”, indica el denunciante en el documento presentado ante la Procuraduría.
Además de la situación denunciada por Salam Delivery Fast S.A.S y según manifestó el abogado, las deudas contraídas por el Hotel El Prado no serían solo con esta empresa, sino también “con otras personas que están siendo afectadas”.
Este medio intentó ponerse en contacto con el gerente del Hotel El Prado, Alexander Bayona, pero no fue posible entablar comunicación.
OTRAS DENUNCIAS. Por su parte, el abogado Jorge Medrano, representante de un grupo de antiguos empleados del Hotel El Prado, denunció que contra el complejo turístico hay “una cantidad de demandas laborales” por “promesas de pago incumplidas” por parte de la Compañía Hotel el Prado, concesionaria antes de FTP.
“En ese entonces prometieron que iban a pagar a los empleados que tenían contrato fijo y directo con la compañía Hotel El Prado, pero hasta hoy no se ha pagado un solo peso”, manifestó el abogado.
Según Medrano, son 80 familias las que esperan una pronta respuesta por parte de la empresa, luego de que les “finalizaran sus contratos tras más de 15 años de trabajo”. Además -indicó- la concesionaria Compañía Hotel El Prado les contestó que “no tenían los fondos” y que era Fontur la que “debía hacerse responsable”.