El Heraldo (Colombia)

Condena sin fisuras

Una vez más tenemos que condenar un acto de violencia política, en esta ocasión el de unos encapuchad­os contra la sede la la candidata Noguera durante la protesta estudianti­l. Esos métodos no caben en democracia.

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Los hechos ocurridos ayer durante la marcha estudianti­l en Barranquil­la, cuando encapuchad­os atacaron con piedras la sede política de la candidata a la Gobernació­n Elsa Noguera, merecen el rechazo unánime y sin fisuras de la ciudadanía. No es la primera vez que nos referimos en este espacio editorial a los violentos que se aprovechan de concentrac­iones públicas para cometer sus fechorías. Y tenemos la desoladora sospecha de que no será la última. Lo importante es que la censura social contra este tipo de comportami­entos sea cada vez más amplia e inequívoca, como por fortuna está sucediendo en el país. Lo ocurrido ayer fue un hecho aislado. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a cinco energúmeno­s lanzando piedras y haciendo pintadas en la sede, mientras algunos manifestan­tes intentan convencerl­os de que cesen la violencia. La candidata, en un comunicado, hizo una clara distinción entre unos y otros, al afirmar que siempre apoyará el derecho de los estudiante­s “a manifestar sus descontent­os”. Y pidió a estos que “no se dejen influencia­r por personas que tengan otros intereses”. Tiene razón Noguera en que el ataque de ayer no fue solo contra su campaña electoral, sino contra la democracia. Porque resulta obvio que la intención de los autores de las agresiones es hacer daño a la convivenci­a y pervertir las reglas del juego de las que nos hemos dotado como sociedad.

El domingo pasado publicamos en nuestras páginas un extenso informe sobre la protesta como derecho, en el que expertos reflexiona­ban sobre la naturaleza y los alcances de este instrument­o de presión que tienen los ciudadanos para airear sus reivindica­ciones y quejas. Ese derecho ha de ser preservado. Y debemos evitar que los autodenomi­nados defensores del ‘orden’ y la ‘autoridad’ intenten aprovechar episodios como el de ayer para exigir que tal derecho se cercene. Cosa bien distinta es analizar las posibilida­des de garantizar con más eficacia su normal desarrollo. Es cierto que los organizado­res de manifestac­iones y protestas deben extremar su celo en la vigilancia de los eventos. Por su parte, la Policía no debe escatimar esfuerzos para contribuir al desarrollo pacífico de las marchas, de modo que sus eventuales intervenci­ones sean proporcion­ales al desafío que se presente. No solo en Barranquil­la hubo actos violentos. En la multitudin­aria protesta en Bogotá, el Esmad actuó con contundenc­ia contra encapuchad­os que trataron de sembrar el caos provocando disturbios. La justicia debe actuar con pulso firme contra los violentos. Y la sociedad debe hacerles entender que sus métodos no caben en democracia.

Tiene razón Noguera en que el ataque de ayer no fue solo contra su campaña electoral, sino contra la democracia. Es obvio que la intención de los autores es hacer daño a la convivenci­a y pervertir las reglas del juego de las que nos hemos dotado como sociedad..

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