Educación sin salario
La idea de un salario mínimo diferencial para jóvenes menores de 25 años que ha sido planteada por Anif, lejos de impulsar el acceso al mercado laboral crearía un desincentivo para quienes le apuestan a la educación superior de calidad en Colombia esperando que su inversión de tiempo y dinero se traduzca en una remuneración justa que la compense. Establecer un salario mínimo diferente, que correspondería al 75% del actual, parece una medida inadecuada ante la realidad del mercado colombiano, el costo de vida y las expectativas de los nuevos profesionales. Si bien el propósito de esta iniciativa es buscar que los jóvenes se puedan incorporar con facilidad en la vida laboral, pues en la actualidad la mayor tasa de desempleo está representada por este sector de la población, no está claro que la dificultad para la contratación de jóvenes esté en el factor salarial. Lo cierto es que en el sector privado debe haber un compromiso real de cambio frente a la cultura empresarial, que permita integrar a jóvenes en las estructuras de los equipos, entendiendo que más allá de un asunto de responsabilidad social, se trata de una visión estratégica pues el trabajo intergeneracional permite una apertura para una mejor oferta de servicios y productos.
Resulta necesario reiterar que implementar esta medida sería un desafuero en cualquier mercado o sistema, pero si la injusticia pudiera medirse en niveles y grados, está claro que en Colombia sería aún más grave por la forma en cómo está planteado el acceso a la educación. Las posibilidades que tiene un estudiante de acceder a educación superior pública son sumamente complejas, como también lo es pagar una carrera en una universidad privada, que se traduce en un esfuerzo económico que debería equiparse a la expectativa en materia salarial. En este sentido, actualmente el salario mínimo no responde ni al costo de vida en Colombia, ni al sistema educativo, el cual se centra en una educación privada y sumamente costosa para cual muchos estudiantes tienen que trabajar para pagar sus carreras o endeudarse durante años para cumplir con las expectativas de tener un diploma.
A este panorama en el cual los jóvenes llevan las de perder, endeudados y sin ingresos, se suma el hecho de que el sector público, una de las principales fuentes de empleo en Colombia, no tiene un sistema de contratación que permita a los jóvenes trabajar para las instituciones, esto porque además que el diploma se ha convertido en un requisito casi obligatorio, podría sostenerse que los menores de 25 años que trabajan en el sector público, inician desde muchas modalidades como prácticas o judicaturas muchas veces no remunerada.
Todos estos factores que implican que la tasa de desempleo de jóvenes en Colombia sea mayor a la del resto de la población, deberían examinarse previamente, pues lo más probable es que la solución supere lo salarial e implique un cambio en la forma en que se ve el aporte de los jóvenes a la economía.