OPINIONES EN LO ECONÓMICO Y LO JURÍDICO

Jorge Quintero, profesor de Economía e investigador de la Universidad del Norte, le dijo a este diario que la decisión de la Corte “generará desconfianza e incertidumbre entre los entes económicos, los consumidores y los inversionistas”. Agrega el experto en este sentido que “normalmente, por supuesto que las decisiones de inversión de los empresarios dependen de muchos factores, pero uno de los ítems que más juega en ello es el tema de las expectativas sobre lo que va a ocurrir a futuro y cuando hay incertidumbre se aplazan decisiones de inversión”. Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, el Congreso de la República, el Gobierno y los diferentes estamentos deben tomar decisiones urgentes, de manera que permitan reemplazar las que habían sido tomadas durante el trámite llevado a cabo al final del año 2018. “Para efecto de los empresarios, de los inversionistas, de los generadores de empleo del país, los emprendedores, de las personas que habían decidido acogerse al régimen simple y que se están formalizando en este momento, es muy importante que las normas que se habían expedido, de alguna forma puedan ser reemplazadas por unas nuevas que nos aseguren que el régimen tributario colombiano sigue siendo estable y sigue siendo el mismo que teníamos hasta este momento”, expresó Mac Master en un comunicado. Entre tanto, constitucionalistas consultados consideraron “contradictorio” el hecho de que la Corte, que declaró inconstitucional en su totalidad la ley por vicios “insalvables”, haya decidido a renglón seguido darle oxígeno boca a boca hasta diciembre 31 de 2019: “O sea, es inconstitucional la ley en su totalidad, pero se siguen aplicando los impuestos que ella creó”.

Para los expertos, se trata de “exóticas decisiones moduladas de la Corte que le quitan rigor y coherencia: una vela a Dios y otra al diablo”. Por ello, opinan que el articulado debió caerse y punto, pero los magistrados “se dejaron meter miedo en el cuerpo” acerca de que sus consecuencias generarían una “catástrofe” al país, a pesar de que Anif dijo que eliminarla “no traería mayores traumas” y de que las aseguradoras de riesgos internacionales manifestaran que sus efectos serían “neutros”.