Cerro Matoso pagará $160 mil millones a pueblos indígenas.
Ocho comunidades de la zona representadas por De la Espriella Lawyers llegaron a un acuerdo con la gigante del níquel en el país.
BOGOTÁ. Por la suscripción de un acuerdo ante la no realización de una consulta previa con las comunidades afectadas con la explotación del níquel desde hace más de 30 años, la empresa minera de Cerro Matoso pagará a ocho pueblos indígenas de Córdoba la suma de $160 mil millones.
Así lo informó en un comunicado la firma De la Espriella Lawyers, que defiende a las comunidades ancestrales de Bocas de Uré, Centroamérica, Guacarí, Pueblo Felcha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades de San José de Uré.
En medio del pleito de al menos seis años entre la gigante minera y los indígenas, el bufete de abogados, dirigido por el jurista cordobés Abelardo de la Espriella, advirtió que las víctimas “sufrieron una grave afectación en su salud, como consecuencia de la explotación de ferroníquel por parte de la empresa Cerro Matoso S.A, firma que no adelantó las consultas previas que establecen la Constitución y las leyes”.
Recordó en este sentido la oficina jurídica que la Corte Constitucional, a través de una sentencia emitida en 2018 por la Sala Séptima de Revisión, amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud pública y al medio ambiente sano de las comunidades cordobesas que reclaman en contra de la minera. Por ello, agrega, “dicho acuerdo buscará enmendar el daño causado por no haber realizado dichas consultas y la empresa deberá pagar ahora la suma de $160 mil millones, a título de compensaciones dentro del proceso de consulta previa”.
Según las víctimas, la operación de la empresa Cerro Matoso S.A, además de afectar la salud de los pueblos indígenas, tal y como lo ha certificado el Instituto Nacional De Medicina Legal, causó un grave daño al medio ambiente, reflejado en los altos índices de contaminación de esta región.
Advierte la firma además que el acuerdo en mención no significa que las ocho comunidades víctimas de Cerro Matoso renuncien a su derecho a ser reparadas administrativamente, “derecho que fue reivindicado por la propia Corte Constitucional al decir que en ningún caso se puede desconocer la responsabilidad de la empresa ni desconocer el derecho que tienen las comunidades afectadas que solicitan el amparo de acudir ante la jurisdicción respectiva para reclamar la indemnización de los perjuicios por los daños múltiples ocasionados, tal y como aparecen procesalmente acreditados”.
Por ello, ahora el pleito entre los pueblos originarios y la empresa minera pasaría al Consejo de Estado.
Cerro Matoso, que comenzó a operar en 1982 y produce 39 mil toneladas de níquel anuales, es la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo.