Protesta y violencia
Los últimos acontecimientos en Uniatlántico ponen de manifiesto que, así como van las cosas, las conductas vandálicas de unos pocos pueden acabar erosionando el derecho a la protesta. Hay que evitar que ocurra.
Que el Esmad haya irrumpido por primera vez en la Universidad del Atlántico no es, por supuesto, una buena noticia para nadie. Salvo para los grupúsculos que pretenden llamar la atención sembrando el caos con sus actos violentos.
Los agentes de la policía antisditurbios actuaron por petición del rector, Carlos Prasca, quien entendió que la situación se había desbordado de tal modo que no podía controlarse mediante los resortes internos del centro académico. Queremos pensar que una medida tan drástica, y tan impopular en parte del estudiantado, no la toma ningún rector por capricho. De modo que damos por hecho que el rector Prasca meditó debidamente su decisión, evaluó los riesgos de no tomarla y, tras consultarlo con los directivos de la universidad, pidió la intervención de la fuerza pública. Queremos pensar también que el Esmad, cuando actúa, lo hace guiado por su misión de imponer con responsabilidad el orden cuando este se ve alterado. Que, además, sigue en sus intervenciones unos protocolos claros que buscan salvaguardar la integridad y los derechos de todas las partes. Y que cuando esos protocolos se saltan, la Policía dispone de los preceptivos mecanismos sancionatorios. Queremos pensar, por último, que los estudiantes son sinceros cuando afirman que sus protestas son pacíficas y achacan los desmanes a “vándalos” ajenos a la organización. (Sin embargo, lo ocurrido ayer en el claustro, cuando un estudiante fue salvajemente golpeado en plena asamblea por oponerse al paro que se votaba, merece serias explicaciones. Porque este acto de barbarie, por lo visto, no fue obra de “encapuchados”). El gobernador Verano afirmó ayer que los sucesos de las últimas horas de Uniatlático le producen “sentimientos encontrados”, porque, por una parte, no le gusta ver a la Policía en el interior de la universidad y, por otra, no quedaba otra opción que la actuación del Esmad.
No podemos menos que compartir esa sensación. Lo preocupante, a la luz de lo que está sucediendo en distintas universidades del país, es que el derecho legítimo a la protesta pueda desvirtuarse y mermarse por la dinámica perversa de que la violencia de una minoría se convierta en argumento permanente para la intervención del Esmad, con las consecuencias que ello acarrea para los eventos convocados. Y no será fácil evitarlo. Entre otras razones, porque hay situaciones caóticas en las que a las fuerzas del orden les resulta difícil actuar de modo selectivo contra los violentos.
Ante una coyuntura tan difícil, lo que se impone es una reflexión serena entre las partes para intentar encontrar la elusiva fórmula que concilie el derecho de protesta con la defensa del bien público.
Coincidimos con el gobernador Verano en que produce “sentimientos encontrados” ver a la Policía irrumpir en la universidad y, al mismo tiempo, pensar que esa intervención era inevitable ante la gravedad de los desmanes.