Capturan a dos exsecretarios por presuntas irregularidades
Jorge Araújo y Jaime Fuentes se presentaron en CTI. Prevaricato y peculado, entre los delitos señalados.
VALLEDUPAR. Dos exsecretarios de la Gobernación del Cesar fueron capturados ayer por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en este departamento en 2015, cuando se desempeñaban en los cargos.
Se trata del exjefe de la dependencia de Educación, Jorge Araújo Gutiérrez; y de General, Jaime Luis Fuentes, quienes tras conocer una orden de captura en su contra se presentaron voluntariamente en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
LOS DELITOS. Los dos son señalados como presuntos responsables de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado y prevaricato.
La investigación penal surgió tras los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría General de la República, profiriendo fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones contra Araújo y Fuentes, al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando Un Cesar Más Educado integrado por la Fundación Kábala, la Asociación de Manipuladores de Alimentos
del Cesar y la Corporación Corazón País.
CONTRATO CUESTIONADO. Se trata del contrato suscrito el 15 de enero de 2015, cuyo objeto era la “prestación de servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar (sic), acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar.
El valor inicial se acordó en $23.538 millones con plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de la mañana se estableció en $1.760, y el del almuerzo en $2.330.
Según la Contraloría, se generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, que recibió el 4,4% por concepto de IPC, y el 5% por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato.
Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final en $35.161 millones, después de una adición por $11.623 millones y 40 días en el plazo.
LAS CIFRAS. La Contraloría evidencia que al momento de la terminación del contrato, la Gobernación le había pagado al operador del Programa más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto.
El ente de control analizó las circunstancias especiales del PAE, evidenciando como para la misma vigencia investigada, el Ministerio de Educación Nacional había contratado las mismas raciones a un precio de $943 para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la Gobernación condenados por este proceso.
Los costos manejados por el Ministerio de Educación en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron muy inferiores a las finalmente contratadas por la Gobernación del Cesar para la vigencia 2015, a razón de $789 de sobreprecio por ración de la jornada de la mañana, y de $1.010 de sobreprecio en almuerzos.