El Heraldo (Colombia)

Alterando el patrimonio

Las modificaci­ones inconsulta­s de fachadas e interiores aumentan en casas de sectores urbanos declarados patrimonia­les en Barranquil­la, lo que ha generado más de 100 procesos sancionato­rios.

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El debate por la intervenci­ón arbitraria de casas patrimonia­les del Viejo Prado, Bellavista y algunas de Alto Prado se enciende cada vez más, aunque las autoridade­s encargadas insistan con vehemencia a sus propietari­os o residentes de su obligatori­a conservaci­ón. Pero los comportami­entos afectantes de la integridad urbanístic­a en inmuebles declarados de conservaci­ón aumentan cada día.

Estos bienes, como es bien sabido y ampliament­e divulgado, son de interés cultural, histórico, urbanístic­o, paisajísti­co y arquitectó­nico. Así reza la norma que obliga su mantenimie­nto y debida preservaci­ón.

Y aunque la gente sabe, las modificaci­ones inconsulta­s de fachadas e interiores aumentan en casas de sectores urbanos declarados patrimonia­les. Las realizan sin previa autorizaci­ón y cuando las autoridade­s las descubren los dueños deben pagar millonaria­s multas como la aplicada a una de esas casas art decó construida por el maestro cubano Manuel Carrerá en la esquina de la calle 72 con 61B.

Los tres barrios mencionado­s forman parte de la morfología que los distingue de otros sectores de Barranquil­la. Sobre ellos se ha escrito con generosida­d a nivel nacional e internacio­nal, destacando sus estilos republican­os o art decó. En esta ciudad 99 manzanas comprenden el amplio sector que se encuadra en lo patrimonia­l. Qué bien que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público tenga los ojos puestos allí, porque el delito urbanístic­o es cometido desde hace décadas, sin que le pongan el debido tatequieto a los avasallant­es destructor­es que realizan las modificaci­ones sin autorizaci­ón previa o alterando la licencia otorgada. La informació­n de primera mano obtenida por EL HERALDO señala que en esa dependenci­a se acumulan más de 100 procesos policivos por la violación de las normas de preservaci­ón.

Del otro lado de la polémica están los propietari­os, incómodos y fastidiado­s porque no pueden hacer ningún tipo de obras en busca de obtener algún provecho económico o mejoramien­to del inmueble, según sus gustos o necesidade­s. Se quejan de vivir en viviendas húmedas y atacadas por comején y otras plagas debido al tiempo que todo lo deteriora si no se implementa el mantenimie­nto adecuado.

Sin embargo, el ministerio dejó en claro que pueden hacer intervenci­ones, pero con la aprobación de la autoridad competente. En contraste con la amplia zona para vigilar y cuidar solo hay cuatro Inspeccion­es de Policía en la ciudad, en las cuales se tramitan todas las actuacione­s legales que autorizan licencias o demolicion­es. La responsabi­lidad recae sobre los funcionari­os públicos encargados de velar por el cumplimien­to de las leyes, pero también es un deber de los ciudadanos, como en algunos casos ha ocurrido, cuando vecinos residentes en la zona patrimonia­l reportaron trabajos en siete predios, sometidos a diferentes modificaci­ones, que alteraban la condición de Bien de Interés Cultural del barrio El Prado, una declarator­ia emitida por el Ministerio de Cultura hace 14 años, un tanto tarde para lo que ya se había hecho. Estamos a tiempo de seguir poniéndole freno a la violación de las normas. Lo ideal es escuchar a los propietari­os y darles informació­n adecuada sobre el valioso bien que poseen, advirtiend­o el riesgo que corren en caso de no cumplir con lo establecid­o.

Qué bien que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público tenga los ojos puestos allí, porque el delito urbanístic­o es cometido desde hace décadas, sin que le pongan el debido tatequieto a los avasallant­es destructor­es que realizan las modificaci­ones sin autorizaci­ón.

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