Senador Lara y Mininterior controvierten por eliminación de casa por cárcel para corruptos
Congresista dice que se eliminaría la caducidad a contratistas. Mininterior le respondió que la caducidad no se toca.
“El senador está confundido. No ha entendido cuál es el proyecto”.
NANCY GUTIÉRREZ Ministra del Interior
BOGOTÁ. Un ‘mico’ que impediría la declaratoria de caducidad del contrato en acto de corrupción fue aprobado el pasado lunes en la plenaria del Senado al tramitar el proyecto anticorrupción que elimina la casa por cárcel por delitos contra la administración pública.
Así lo advirtió el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical: “Tremendo ‘mico’ se acaba de aprobar en un proyecto de ley ‘anticorrupción’. Por la puerta de atrás eliminaron la posibilidad de aplicar la caducidad por actos de corrupción en la ejecución del contrato (ejemplo: vulnerar los pactos anticorrupción). Inmenso regalo para los megacontratistas”.
Agregó el parlamentario que la medida señala que “en caso de que exista una sanción administrativa por corrupción, este proyecto anticorrupción -en lugar de ordenar la caducidad (que es una severa sanción administrativa)- ordena en su lugar la cesión del contrato (en donde no hay sanción y es un negocio entre contratistas)”.
La anomalía, consignada en el parágrafo primero del artículo siete de la iniciativa gubernamental, recordó el senador en diálogo con la emisora capitalina Blu Radio, fue “la misma jugada que se hizo para no aplicarle la caducidad a los señores de Odebrecht”.
Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confrontó las declaraciones del congresistas y negó que en el proyecto que elimina la casa por cárcel para corruptos haya tal ‘mico’.
“El senador Rodrigo Lara está confundido. No ha entendido cuál es el proyecto, la caducidad como tal no se toca, está prevista en la Ley 80 y está se da cuando hay un incumplimiento del contrato que pone en riesgo la ejecución del mismo que la paraliza”, explicó la ministra.
Por el contrario, añadió Gutiérrez, los contratistas corruptos no podrán ceder sus contratos, con la aprobación del proyecto anticorrupción, sino que la misma administración será la que se encargue de hacer este trámite, así como perderían la posibilidad de ser indemnizados.