Inseguridad y desempleo
La mayoría de los alcaldes electos durante su campaña política prometieron atacar el flagelo del desempleo y la inseguridad que azota a nuestro país en casi todas las ciudades de Colombia. Y así lo indicaron en su programa de gobierno cuando se inscribieron y tomaron estos dos problemas como banderas de su campaña electoral. Nada más falso e incongruente, pues sobre estos dos temas no tienen competencia.
El empleo, por ejemplo, es una política pública diseñada por el alto gobierno y consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, donde los recursos se asignan a través del presupuesto nacional: educación, salud, infraestructura, desarrollo urbano y rural. Los municipios reciben las transferencias del sistema general de participaciones que ya vienen con la etiqueta de Planeación Nacional. Los alcaldes sólo ejecutan. Si quieren más recursos deben preparar y presentar proyectos, viabilizarlos a través de Planeación Departamental y buscar el apoyo político de un Senador o Representante que le pese la cola ante el gobierno central.
Sólo los municipios que tienen recursos propios de industria y comercio, o de regalías por concepto de petróleo, carbón u otro mineral, pueden darse el lujo de contar con el dinero necesario para realizar algunas obras prioritarias. Y cómo crear empleos? Pues exigiendo que dichos contratos se ejecuten con personal de la misma región, y no que sean llevados desde la capital o de otras ciudades, con el argumento falso que no hay personal calificado, o cuando por conveniencia económica, se realizan millonarias licitaciones a nombre de un solo contratista.
La inseguridad, es otro problema gravísimo. Los alcaldes sólo tienen competencia para poner comparendos cuando una mascota deja el excremento en el espacio público y su dueño no la recoge. Los Policías los nombran en Bogotá, así como a los jueces y también los fiscales y todo el aparato judicial. La política criminal la diseña el alto gobierno a través de la Comisión Asesora de Política criminal, para enfrentar problemas como el terrorismo, narcotráfico, bandas criminales, entre otros. Los instrumentos normativos lo hacen en Bogotá: código penal y de procedimiento, extinción del derecho de dominio, ley de infancia y adolescencia, control de armas de fuego, ley de orden público, consumo de alcohol, código nacional de policía, entre otros.
Según el artículo 314 de la Constitución Política, el alcalde es el jefe de la administración local y representante legal del municipio. Responde por todo lo malo que pase en su jurisdicción. Y por lo bueno, aparecen otros reclamando el trofeo, inclusive, de la administración anterior. Empleo y seguridad son los dos pilares que sirven para el desarrollo y progreso de una región. Donde no hay seguridad, no hay inversión privada que es la que produce empleos. Ninguno de los dos depende del Alcalde a menos que sea un municipio rico en recursos propios.