Comisión especial investiga “mafia de predios” en Puerto Colombia
El procurador de Tierras, Diego Trujillo, manifestó a EL HERALDO que hay más de 200 casos denunciados y que en la red participarían inspecciones de Policía, notarías, oficinas de registro y juzgados. Dijo que pedirán traslado del caso a Bogotá.
Son más de 260 casos los que han sido denunciados ante la Procuraduría y que están relacionados con la apropiación de terrenos en Puerto Colombia.
El anuncio lo hizo el procurador nacional delegado para Asuntos Ambientales, Agrarios y de Restitución de Tierras, Diego Trujillo, en una entrevista a EL HERALDO en medio de una visita que hizo a Barranquilla para reunirse con parte de la comunidad que ha sido afectada en Puerto.
La llegada del funcionario se da una semana después que el procurador Fernando Carrillo manifestara su interés por las denuncias que han surgido en este municipio y que han sido publicadas a través de este medio.
De acuerdo con el procurador de Tierras, se conformará una comisión desde Bogotá con el apoyo de procuradores locales y de la Fiscalía para investigar los hechos denunciados en Puerto Colombia.
“Tenemos que llegar al fondo de un asunto tan delicado donde tendrán que salir responsables de varias entidades del orden territorial, local o nacional”, advirtió Trujillo.
Para el procurador, el caso de este municipio es el resultado de la informalidad y la ilegalidad, que antes se conocía solo en territorios rurales, pero que ha ido escalando a las zonas urbanas con la organización de “estructuras criminales” que operan bajo la modalidad de endeudamiento.
“Aprovechan que la gente se acerca a solicitar crédito, los hacen firmar documentos para justificar y soportar los créditos. La gente confiada al no tener una banca formal que le dé apoyo accede y terminan en unos procesos ejecutivos en complicidad con inspectores de Policía y funcionarios judiciales”.
Y para el cobro de las obligaciones están usando procesos policivos y civiles. La actividad ilegal, según la Procuraduría, estaría relacionada con el préstamo conocido como gota a gota y lavado de dinero.
El ente de control aseguró que los involucrados estarían cometiendo delitos relacionados con estafa, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad.
“Esta estafa masiva tiene en vilo a 260 familias que están a punto de perder sus viviendas, la gente está desesperada porque son procesos que llevan muchos años”, indicó el procurador.
El Ministerio Público manifestó su interés en entrar a revisar en materia disciplinaria y penal a notarías, oficinas de registro y juzgados.
Finalmente, el procurador advirtió que de ser necesario solicitarán el cambio de radicación de los procesos, ya que tienen indicios que este tipo de organizaciones “ha permeado a autoridades judiciales y administrativas”.
“Las zonas costeras se han convertido en un atractivo por su valor especial. Estamos detectando que se están moviendo organizaciones del crimen para hacer despojos, lo que implica la responsabilidad de funcionarios que no están viendo más allá de sus narices”, puntualizó.