Radiografía de la crisis en el intervenido Hospital Julio Méndez de Santa Marta
Supersalud advierte que solo el 5% del personal de salud es de planta y que les deben tres meses de sueldo El hospital samario tiene contratados 14 abogados externos.
Frente a los señalamientos del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que calificó como un acto politiquero la medida de la Supersalud, EL HERALDO revela los hallazgos encontrados por la entidad y recoge opiniones de distintos sectores acerca de la situación que afronta el centro asistencial.
En medio de los 59 hallazgos establecidos por la Supersalud para ordenar la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta, el ente de control advierte haber encontrado desde medicamentos vencidos hasta contratación sin justificación, además de solo tener contratado de planta al 5% del personal y deberles hasta tres meses de sueldo a los especialistas y personal asistencial.
También halló la entidad que el 35% de los servicios no son facturados, que no se asegura la atención en urgencias y que no se verifican las especialidades del personal médico.
Además, tiene 146 procesos judiciales por más de $63 mil millones y no poseen estudios de estimación de pérdidas, pese a que tienen contratados 14 asesores legales externos.
A este exceso de tener 14 abogados en un hospital, se suma el hecho de que de los 40 contratados en nómina, 35 son funcionarios administrativos y solo cinco son trabajadores de la salud.
Por ello, la Super ordenó el pasado martes la intervención forzosa para administrar, durante un año, este hospital a cargo del agente especial interventor, Luis Óscar Galves, quien viene de realizar esta función en la ESE Departamental de Villavicencio, institución que fue dada de alta por la Superintendencia en enero pasado tras ser entregada estabilizada a la Gobernación del Meta.
En la resolución de la medida, conocida por EL HERALDO, se lee que el ente de control visitó el hospital del 5 al 8 de noviembre y del 17 al 21 de diciembre de 2019, y de dichas visitas se produjo un informe el 12 de febrero pasado, en el que se evidenciaron las anomalías del centro de salud.
$21 MIL MILLONES NO FACTURADOS. En el documento, de 10 páginas y suscrito por el superintendente Fabio Aristizábal, se lee por ejemplo que la junta directiva no ha aprobado el plan operativo anual de 2018-2019 y que no ha adoptado las tarifas y cuotas de recuperación para la venta de sus servicios.
Así mismo, que no cuenta con estudios técnicos y de costos que justifiquen la contratación del personal acorde con la demanda de la institución, y con ello hay un incremento del 11,68% en la contratación desde 2018 ($26.515 millones) hasta 2019 ($29.612 millones).
Además, el hospital ha prestado servicios de salud a 21.826 usuarios por la suma de $21.247 millones, que no han sido facturados. Es decir, la efectividad en la gestión de cobro no llega al 50% de las ventas. Y cerca del 35% de los servicios prestados no son facturados.
“No ha realizado la medición y el reconocimiento de la pérdida por deterioro de cartera de la totalidad de las cuentas por cobrar. Y cuenta con cuatro sistemas de información diferentes que no están integrados, lo que dificulta su control y la comparación de resultados”, se lee en cuanto a los asuntos financieros que cuestiona la Super.
Y le debe a la DIAN más de $2.329 millones.
SOBREPASAN LA CAPACIDAD. Frente a los aspectos administrativos, el ente de control advierte que en el hospital no se asegura la atención en el área de urgencias, “toda vez que se reciben pacientes sobrepasando la capacidad instalada, sin tener en cuenta los requisitos de infraestructura, dotación y procesos del servicio”.
De igual forma, critica el hecho de que no se verifica que su personal médico tenga habilitadas sus especialidades o las tenga inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano del Ministerio de Salud.
“Registra 146 procesos en su contra, por más de $63.000 millones, sin que exista estudio alguno referente a la estimación de la probabilidad de pérdida en ellos. Ello, pese a que cuenta con 14 asesores externos para la defensa judicial”, indica la información.
Y alerta acerca de que el 95% del talento humano está por contrato y solo el 5% está bajo la modalidad de planta. Pero además, de las 40 personas que hay en planta 35 son funcionarios administrativos y no de salud. Entre otros temas, porque, resalta el reporte, hay demasiados trabajadores administrativos (418) frente a los de salud (515).
Además de registrar deudas con especialistas por tres meses (septiembre, octubre y noviembre de 2019) y con personal asistencial dos meses (octubre y noviembre de 2019).
NO FUNCIONAN INCUBADORAS NI RAYOS X. La Supersalud pone de presente que el centro médico no garantiza el funcionamiento en el servicio de transfusión sanguínea, la calibración y mantenimiento de acuerdo con las indicaciones del fabricante en equipo como nevera de almacenamiento, congelador, desfibrilador, incubadoras y bombas de infusión en la UCI neonatal y equipos de rayos X fijo.
Tampoco realiza, se lee, un control de vencimientos ni organiza los medicamentos, lo que puede generar confusión; además no los clasifica por vencidos, rechazados, deteriorados o retirados del mercado. “La Superintendencia encontró medicamentos vencidos en los servicios de ambulancias, hospitalización y en las salas de cirugía”, señala el reporte.
Además, cuestiona la resolución, el hospital no garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con la inscripción y habilitación de los servicios ante la entidad territorial, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, REPS.
“No cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, como se requiere para una efectiva atención de los usuarios. Presenta fallas en el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el proceso de esterilización, lo cual atenta contra la seguridad del paciente. Y no se garantiza la adecuada segregación de residuos hospitalarios y similares, así como su almacenamiento, clasificación y disposición final”, concluye el documento.
QUE SAMARIOS SEAN VEEDORES. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pidió a los samarios constituirse en veedores de la interventoría, de tal forma que impidan que se lo vuelvan a entregar a los que denomina ”clanes políticos”. Más sosegado, luego de la acalorada discusión con el supersalud, el mandatario insistió en que lastimosamente se ha interrumpido “un plan trazando de atención al coronavirus y un plan destinado a destapar las irregularidades de la gerencia anterior”.
“Es que se consumieron el 50 por ciento del presupuesto en una sola contratación y en enero tenían contratados 26 periodistas por $60 millones mensuales, que maquillaban la realidad”, anotó.
Dijo Carlos Caicedo que el superintendente Nacional de Salud será el único responsable de lo que pase con la gestión de la COVID 19.
REACCIONES. El Sindicato de Trabajadores de la Salud, seccional Magdalena, Sindess, no ve con buenos ojos que la intervención al Hospital ‘Julio Méndez Barreneche’, de Santa Marta, se dé cuando su nueva administración tiene apenas 40 días de estarlo manejando y porque se presenta en medio de una tragedia sanitaria.
La vocera del gremio, Nidia Castañeda, dijo que “en vez del hospital debieron intervenir a las EPS subsidiadas que le tienen una deuda de aproximadamente $63 mil millones al centro asistencial”. “No lo hacen porque tienen sus intereses”, precisó.
Manifestó que “no es cierto que la Superintendencia de Salud sea la panacea” y añadió que en el Magdalena “hay experiencias amargas en intervenciones”. “Por ejemplo, cuando al hospital La Candelaria, de El Banco, lo intervinieron tenía un déficit de $5 mil millones y cuando lo entregaron ya estaba en $15 mil millones”.
“Tres interventores despilfarraron los recursos de este hospital”, comentó Nidia Castañeda.
El diputado Rafael Noya Ponce dijo que con “impotencia” recibe la intervención de la Supersalud al hospital ‘Julio Méndez Barreneche‘ y señaló que él en febrero promovió un debate sobre la crisis del centro asistencial.
“Allí quedó en evidencia cómo el gerente Tomás Diazgranados estaba incumpliendo el plan fiscal y financiero. Le dijimos que estaban saqueando el hospital y que lo iban a llevar a la intervención”, recordó.
Aclaró que “no estoy en contra de la intervención, sino en contra de las mentiras y la forma cómo se hizo”.
El veedor ciudadano y miembro del comité de usuarios del hospital Carlos Antequera manifestó que “había que dejar que este gobierno trazara su plan de acción para recuperar el centro asistencial”. “Solo queda esperar que esta intervención sea para mejorar y no como otras que han sido nefastas”.
Fabio aristizábal Superintendente de Salud “No conozco las familias y clanes de los que él habla”.
NiDia CastaÑEDa Presidenta de Sindess
“No es cierto que la Supersalud sea la panacea”.
raFaEl Noya
Diputado del Magdalena
“Dijimos que estaban saqueando el hospital”.