Procuraduría suspende a alcalde de Malambo
La Procuraduría también ordenó la suspensión del alcalde de Malambo por tres meses y la Contraloría le abrió proceso de responsabilidad fiscal por el caso de los mercados.
La decisión contra Rummenigge González Álvarez se toma por las presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato con la Fundación Lirio de los Valles por $4 mil millones para entregar 80 mil mercados a población vulnerable de su municipio ➲ Además de esta investigación disciplinaria, la Fiscalía General imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en su contra ➲ La Contraloría también le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.107.043.597.
La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra los alcaldes de Malambo, Cereté y Coveñas por irregularidades durante la actual emergencia sanitaria.
En el caso de Malambo, el ente de control dice que ha podido establecer que el alcalde Rummenigge Monsalve Álvarez inicialmente suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por $4 mil millones con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) para suministrar 80 mil kits de mercados para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa.
El 13 de abril fue suscrito un otrosí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato. Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativa de la libertad.
PROCESO FISCAL. La Contraloría General también ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Monsalve, la Fundación Lirio de los Valles, la supervisora del contrato Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597.
El monto está relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del suministro de los 80 mil antes mencionado.
DIFERENCIA DE PRECIOS. El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los productos alimenticios que conforman los mercados y el precio real al que la fundación pagó dichos productos a los mayoristas. Con soporte en las facturas de los proveedores de la fundación esta diferencia asciende a $842.652.149
En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios base que para los mercados de Barranquillita y Granabastos tiene el Dane para esas mismas semanas.
A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586 millones.
Se encontraron gastos no razonables en el transporte de los mercados que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable. Los vehículos de poca capacidad, registran rutas desde un centro de acopio organizado hasta Malambo por valor de $50 mil cada recorrido. Este solo concepto implica un detrimento de $22.125.747.
MILLONES EN ALMUERZOS. El informe también describe que 80 personas fueron contratadas con una remuneración mensual promedio de $3 millones para descargar, embalar y empacar los mercados. En total fueron $178 millones de los cuales la Contraloría encuentra razonables la suma de $101 millones.
PROCESO POR ATÚN. Debido a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del atún entregado en el contrato, la Contraloría solicitó colaboración del Invima y de la Fiscalía por las posibles faltas disciplinarias en que podría haberse incurrido por parte de los servidores públicos vinculados al proceso.
Asimismo con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó el traslado de copias de las pruebas a la Fiscalía y la Procuraduría.