“Alcalde de Sincelejo y sus empleados habrían incurrido en falta gravísima”

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a cargo de Giancarlo Marcenario Jiménez llamó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo y a varios de sus funcionarios por los sobrecostos en la compra de los 26.666 mercados en medio de la pandemia por la COVID-19. Este ente consideró que los funcionarios incurrieron en falta y culpa gravísima. Además del alcalde Andrés Gómez Martínez, el Ministerio Público vinculó a la investigación disciplinaria a la jefe de la oficina jurídica, Katiuska Fernández Castillo; a la jefe de contratación, Andrea Gutiérrez

Ahumada; y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto. En el auto de citación a audiencia pública, la Procuraduría les imputa cargos a los cuatro y les reprocha el no haber realizado la labor que a cada uno le compete en el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos por la alcaldía con Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., por la emergencia por COVID-19. A la fecha a cada una de estas sociedades les adeudan el 50% de los contratos que son $769.514.095. Sobre Gómez, la Procuraduría dice que habría incurrido en falta disciplinaria gravísima y culpa gravísima en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa; mientras que de Katiuska y Andrea, que omitieron un estudio jurídico adecuado a las propuestas presentadas por los cotizantes, privando a la administración municipal de conocer la realidad del mercado para establecer la viabilidad de los precios presentados en estas ofertas; y del secretario de desarrollo dijo el ente disciplinario que este omitió verificar si dichas propuestas se ajustaban a los precios del mercado reales y permitió que se contratara con sobrecostos, además de haber certificado que recibía a satisfacción la totalidad de los kits de alimentos contratados con destino a la población vulnerable cuando no fu cierto porque a través de Contraloría lograron establecer que muchos de estos estaban incompletos. Además de esta investigación disciplinaria hay un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde en la Contraloría por más de $1.000 millones y otro en la Fiscalía que también involucra a estos funcionarios, al mandatario y a los contratistas de los mercados, como al contratista de una