CUATRO MUERTES
La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, agregó que también al 26 de mayo, había entre el total de afectados, 96 contagios entre el personal de seguridad y administrativo de las cárceles, tres casos en el personal de salud, tres hospitalizados en Cartagena y cuatro muertes: dos en Villavicencio, una en Leticia y una en Cartagena. Todas las víctimas mortales en el rango de edad de entre los 62 y 81 años.
Señaló además que el 35% de los contagiados tras las rejas están entre los 18 y 28 años; el 62% entre los 29 y los 60; y el 2,5% tiene más de 60 años. Se han aplicado, afirmó, 3.430 pruebas, de las cuales 2.290 han resultado negativas y se está esperando el resultado de 43 pruebas. viar sus expedientes para que los jueces tomen la decisión”.
El penalista Iván Cancino le dijo a EL HERALDO que las excarcelaciones “no han funcionado ni siquiera con la limitante del decreto del Ministerio de Justicia. Se esperaban 4 mil excarcelaciones, que era muy poco para el universo de personas que pueden estar afectadas, y no se ha logrado casi que ni el 20% de esas excarcelaciones. Por el contrario, hemos visto una parálisis muy fuerte en los jueces de ejecución de penas y en el Ministerio”.
Coincide el jurista Alirio Uribe en diálogo con este diario: “Ese decreto no cumple los requisitos ni la finalidad para la cual fue expedido. Han salido apenas 600 presos de las cárceles. Siguen con un hacinamiento de casi 50 mil presos, la COVID -19 se ha presentado en muchas cárceles del país y este decreto no resuelve nada”.
A su vez, el especialista en derecho penal, Francisco Bernate, señala a este medio que “la situación en las cárceles sigue siendo cada vez más dramática. Solo un poco más de 600 colombianos han podido acceder a la detención domiciliaria temporal, en su mayoría personas que han cumplido más del 40% de la condena, pero en el caso de la población verdaderamente vulnerable, como son los mayores de edad o los enfermos, siguen estando en las prisiones”.
Para Cancino “la ministra tiene las mejores intenciones, es una garantista, pero espero que de aquí a menos de un mes se expida otra decreto mucho más amplio y con menos exclusiones, y dando muchas más facultades y obligaciones a los jueces de ejecución de penas. Esperamos una respuesta más contundente y sé que la ministra lo hará”.
Uribe explica que acudió a la Corte Constitucional, precisamente, “pidiendo que no se exceptúen de ese beneficio delitos como el hurto o el microtráfico, que son los delitos por los cuales hay más personas en las cárceles, a ver si es posible que haya una descongestión real, porque incluso tiene más exclusiones el decreto que la norma ordinaria para efectos de conceder detenciones domiciliarias”.
Y Bernate advierte que toda esta situación “ya será un tema a analizar cuando se juzguen las responsabilidades de los diferentes intervinientes estatales dentro de este proceso, y su forma como manejaron la situación: Nunca se atendieron las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Unicef, no se tuvo en cuenta la situación de militares, niños, indígenas, enfermos mentales, que están internos en las cárceles colombianas. De manera que es un tratamiento inhumano y vergonzoso”.