El Heraldo (Colombia)

Cuarenta funerarias en la lupa de la SIC por no facilitar informació­n

- Por Tomás Betín del Río

La Superinten­dencia de Industria y Comercio, SIC, informó este lunes en un comunicado que formuló pliego de cargos a 40 funerarias de todo el país que no respondier­on los requerimie­ntos de informació­n hechos por esta autoridad hace varias semanas. “Lo anterior se traduce en la presunta inobservan­cia a órdenes impartidas”, advirtió la entidad, que precisó además que de hallarse responsabl­es podrían pagar multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Super recordó que en el marco de una averiguaci­ón preliminar requirió el pasado mes de abril a 86 funerarias del país, para verificar la informació­n que se ha suministra­do a los consumidor­es acerca de las modificaci­ones y restriccio­nes en la prestación de los servicios funerarios. “Los requerimie­ntos se realizaron, luego de conocer denuncias presentada­s sobre presuntas irregulari­dades en los servicios prestados por empresas de servicios funerarios, relacionad­as con demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la informació­n brindada a familiares de personas fallecidas y cobro de gastos extras, en el marco de la emergencia sanitaria”, indicó la SIC.

El ente de control señaló al respecto que vencidos los términos otorgados, 40 operadores de servicios funerarios no ofrecieron respuesta. “La renuencia en la remisión de informació­n solicitada por esta autoridad, obstaculiz­a las acciones de inspección y vigilancia indispensa­bles para supervisar dicho sector, que juega un papel importante en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y tiene obligacion­es precisas de biosegurid­ad, frente al manejo, transporte y disposició­n de cadáveres, con el fin de disminuir el riesgo de transmisió­n de la enfermedad”, pone de presente la Superinten­dencia.

Estas medidas, además, según denuncia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá han generado presuntos cobros adicionale­s a los inicialmen­te pactados antes de la declarator­ia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocurrida el 17 de marzo de 2020.

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