Primero los niños
Lamentablemente el confinamiento, decretado por la pandemia, ha enmascarado muchos abusos y maltratos contra los menores en el país.
El niño de 6 años, rescatado por la Policía en un hostal del Centro de Barranquilla en las últimas horas, ya fue ubicado por el Bienestar Familiar en un hogar sustituto, donde recibe protección y cuidados. El menor, según los uniformados que respondieron al llamado de los vecinos que escucharon sus lamentos, se encontraba amarrado de pies y manos y en aparente estado de abandono. Su madre y una tía, que vivían con él, tendrán que enfrentar un proceso penal por el delito de violencia intrafamiliar agravada con menor de edad, informaron las autoridades.
Los vejámenes contra niñas, niños y adolescentes en Colombia, desafortunadamente, no se detienen. Desde el inicio del año y hasta el 30 de abril, el ICBF abrió 3.142 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a menores víctimas de maltrato físico, psicológico y por negligencia. Esto significa que en el país cada día 26 menores son víctimas de tratos crueles e inhumanos.
No son solo estadísticas. Detrás de cada caso conocido, como el del niño de Barranquilla que pudo ser ubicado gracias a la muy oportuna alerta ciudadana, se esconden dramas familiares de enorme calado, que muchas veces terminan en lamentables tragedias. Una de las más recientes ocurrió hace apenas unos días en Bogotá, donde un niño de 3 años murió, luego de ser sometido a golpizas permanentes y hasta quemaduras por su padrastro, con el consentimiento de su propia madre, que nunca lo protegió ni avisó a las autoridades. Hoy la pareja está detenida y deberá responder por el homicidio del pequeño.
Los abusos sexuales tampoco dan tregua. En los 4 primeros meses del año se abrieron 3.356 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a menores víctimas de este tipo de violencia, lo que equivale a 28 casos diarios de niñas, niños y adolescentes sometidos a estos aberrantes hechos.
Lamentablemente el confinamiento, decretado por la pandemia, ha enmascarado muchos de estos espantosos abusos y maltratos contra los menores en el país. Entre el 12 de marzo y el 8 de junio de este año, Bienestar Familiar recibió 38.773 solicitudes y reportes asociados a violencia por sus canales telefónicos, presenciales y virtuales, un promedio diario de 436 casos. En el mismo período del año pasado fueron 53.230 registros, es decir, 598 casos día. Contrastando la información, se concluye que, en este 2020, se recibieron 14.457 reportes menos que el año anterior. Sin lugar a dudas, es un dato desconcertante que, en vez de generar tranquilidad o confianza, debería llamar a una profunda reflexión sobre lo que está pasando realmente en el interior de los hogares donde, está comprobado, se ejercen distintas formas de violencia contra los menores.
¿Qué está ocurriendo con ellos en estos momentos en los que no pueden salir de sus casas y están desconectados de maestros, amigos u otras personas cercanas que velaban por su bienestar y seguridad? El riesgo es creciente porque la víctima no puede alejarse del agresor.
Debe ser una preocupación de toda la sociedad, no sólo del Estado o las autoridades nacionales y territoriales, la absoluta indefensión en la que hoy se debaten millones de menores en el país frente a las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que sus familias se encuentran por la actual crisis económica y social. Muchos de estos hogares arrastraban circunstancias adversas que se han agravado, y en algunos casos hasta registraban antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que favorecería situaciones de maltrato que podrían amenazar su integridad física, psíquica y moral o, incluso, su propia vida.
Es prioritario que se mantenga en la agenda pública del país la lucha contra la recurrente vulneración de derechos de los menores. Que maltratar al indefenso no le resulte gratis a nadie que lo haga. Sin embargo, el panorama no es muy alentador frente a la pertinencia, eficacia o utilidad de algunas iniciativas legislativas, que se debaten en la actualidad, como la de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños, cuestionada por su populismo punitivo, o la controversial ‘ley antichancleta’, que prohíbe el castigo físico en su contra. Que nadie olvide lo que inspira a estas propuestas, primero y siempre los niños, así que menos protagonismos y más garantías de protección para los menores.
Debe ser una preocupación de toda la sociedad, no sólo del Estado o las autoridades nacionales y territoriales, la absoluta indefensión en la que hoy se debaten millones de niñas, niños y adolescentes.