Procuraduría abre investigaciones por “fiestas” en Atlántico
La alcaldesa de Luruaco, el secretario de Gobierno de Galapa y un concejal de Sabanalarga están bajo la lupa El Ministerio Público pidió “dar ejemplo”.
BOGOTÁ. El procurador Fernando Carrillo anunció este miércoles investigaciones disciplinarias a los funcionarios públicos que en el departamento del Atlántico estuvieron en los últimos días en fiestas y reuniones en plena pandemia. Al jefe del Ministerio Público lo acompañaban el fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
“Son tres investigaciones disciplinarias nuevas que son muy importantes por el mensaje que hay que darle al país: ustedes han visto la tragedia que están viviendo el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla, fundamentalmente por la indisciplina social”, dijo.
La primera pesquisa es en contra de la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez Pérez, por presunta transgresión de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la COVID-19.
“Ustedes todos los vieron en el material gráfico y audiovisual de este país, (…) que tenía que ver con una celebración en un restaurante que estaba abierto y en compañía de los concejales del municipio”, dijo el jefe del ente de control.
Agrega el comunicado que se investigan publicaciones de redes sociales que dan cuenta de que la mandataria y los cabildantes “estarían celebrando la aprobación por parte del Concejo municipal del Plan de Desarrollo ‘Luruaco mejor para todos 2020 – 2023”.
También se abrió una investigación disciplinaria contra el secretario de Gobierno de Galapa, Marco Tulio Rojas Ayala, por presunta violación de las normas de aislamiento preventivo, uso de tapaboca y respeto del distanciamiento social, establecidas para la contención de la COVID -19.
“El Ministerio Público busca establecer la presencia del secretario Rojas Ayala en el restaurante ‘La herradura campestre’, hecho que habría quedado registrado en un video publicado por el periódico EL HERALDO”, se lee en el boletín.
Y la tercera investigación se abrió contra el concejal de Sabanalarga, Alexi Rafael Díaz Sarmiento, por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención del coronavirus.
“Al parecer el concejal habría participado en una fiesta, en la que además aparentemente se desconoció el toque de queda y la ley seca que regían en el municipio, según un video que fue enviado a la cuenta de Twitter de la Procuraduría, en donde las personas que aparecen en las imágenes no usan tapabocas, ni guardan el distanciamiento establecido”, advierte el reporte.
Frente a estos casos, Carrillo aseveró: “Aquí el mensaje es muy claro, es que si aquí no hay disciplina y no respetamos las normas de aislamiento, pues vamos a seguir multiplicando exponencialmente el contagio, por eso es tan importante decirles a quienes desempeñan funciones públicas que den ejemplo. La población está viendo el ejemplo que le dan sus gobernantes. Si un alcalde está violando el aislamiento social imagínense ustedes qué puede pensar el ciudadano de a pie y cómo puede actuar”.
OTRAS DECISIONES. El fiscal Francisco Barbosa anunció a su turno que, por temas de presunta corrupción con contratos para atender la pandemia, imputará a los alcaldes de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro; Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas y El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina.
Así mismo, el ente acusador imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón.
Por su parte, el contralor Carlos Felipe Córdoba abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y por $112 millones contra el gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por presuntos sobrecostos en contratos.
El titular del ente de control fiscal anunció además dos indagaciones preliminares contra la Gobernación del Cesar por presuntos sobrecostos en el contrato del 26 de marzo con Credimercar por $2.202 millones y por posibles sobrecostos en el contrato del mismo día con Inversiones Merk Jagua por $1.350 millones.
Así mismo el ente investigador, informó de una indagación preliminar contra la Gobernación del Magdalena por presuntos sobreprecios en el contrato 216 con la empresa Bigstar Alimentos y otra indagación preliminar contra la Alcaldía de Santa Marta por presuntos sobreprecios en el contrato 005 con la firma Reproquic.
Finalmente, la Procuraduría indicó que vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4,7 mil millones.
FERNANDO CARRILLO Procurador G. de la Nación “Ustedes han visto la tragedia por la indisciplina”.