Los beneficios que ofrece la Ley de pagos a plazos justos
La plenaria de Senado aprobó la ley en último debate. Favorece a mipymes, al sector salud y al ciudadano en general.
En el ambiente político todo parece estar listo para que, antes del sábado, el Congreso de la República vote la conciliación del proyecto de ley de pagos a plazos justos, el cual obliga a las grandes empresas y a las entidades del Gobierno a pagar facturas a las micro, pequeñas y medianas empresas en un plazo máximo de 60 días.
“Se protegen los empleos. Este proyecto hace justicia a las mipymes del país, que en un 40% reciben sus pagos a 90 días y en un 60% a más de 120 días. Esta ley permitirá a miles de empresarios contar con la liquidez para salvar los empleos que generan, ya que es de obligatorio cumplimiento”, celebró el senador conservador Efraín Cepeda, coordinador ponente del proyecto.
También el representante a la Cámara Mauricio Toro, de Alianza Verde, quien es el autor de la iniciativa, resaltó: “Este proyecto es muy importante para las microempresas y emprendedores de todo el país. Ellos hoy sufren un flagelo injusto y terrible. Luego de que venden sus productos o prestan un servicio los ponen a esperar seis, ocho y hasta 10 meses para que les paguen por lo que ya vendieron. Eso es injusto y las grandes empresas han hecho recurrente esta práctica”.
BENEFICIO A LAS MIPYMES. La nueva norma dispone que a partir del primer día de enero del 2021, las grandes empresas del sector privado tienen la obligación de hacer los pagos de facturación a las mipymes en un plazo máximo de 60 días durante ese primer año. A partir del segundo año, los pagos deberán hacerse hasta máximo en 45 días.
En el caso de los contratos que el Estado celebre con las pequeñas y medianas empresas, el plazo máximo para el pago será de 60 días, sujeto a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
Toro expuso que hoy algunas microempresas están quebrando porque, al no obtener a tiempo los pagos de los servicios que ofrecen, se endeudan para poder cumplir con el pago de nóminas, arriendo y para seguir produciendo.
“La grandes empresas no pueden crecer a cuesta de la pobreza de las pequeñas”, señaló.
En este mismo sentido, el senador Efraín Cepeda precisó: “El 70% de mipymes desaparecen debido a los largos plazos de pagos a los que son sometidas. Mientras grandes empresas tienen acceso más fácil a créditos, mipymes reciben la reticencia del sector financiero con tasas del 20, 50 o superiores al 200% cuando recurren al ‘gota a gota’”.
Por su parte, el representante a la Cámara de Cambio Radical César Lorduy, quien incorporó los artículos relacionados con la contratación estatal y el sector salud, resaltó: “El mayor contratista que existe en Colombia es el Estado. Las personas jurídicas y naturales están en una condición de subordinación, como si le estuvieran haciendo un favor, y es una obligación para pagar servicios y elementos en términos adecuados. Sobre todo en materia de salud”.
SECTOR SALUD. Si bien en el caso del sector salud ya existe una normativa en este sentido, la Ley de punto final, que busca que entidades contratantes se pongan al día con las deudas a los prestadores de servicio de salud, la Ley de pago a plazos justos podrá beneficiar a este sector porque también se exige el pago a estas entidades en un plazo máximo de 60 días.
Para este caso, la ley empezará a aplicar al tercer año de haber entrado en vigencia.
CIUDADANO. El representante Lorduy afirmó que la manera cómo hoy están establecidos los plazos de esos pagos conlleva a que el servicio termine siendo “ineficiente, inoportuno, escaso y hasta corrupto”.
“El primer efecto que tiene esta ley es que se podrá contar con recursos para prestar servicios a los ciudadanos, que muchas veces no se les presta porque a las entidades encargadas no les pagan oportunamente por dicho servicio”, manifestó.
Lorduy refirió que cuando las entidades contratantes pagan en tiempos inoportunos, el servicio se deteriora, incluso logrando afectar el patrimonio del Estado. “Si el Estado no le paga a tiempo a la empresa encargada de la alimentación escolar, entonces estos tienen que buscar recursos económicos por otro lado para lograr cumplir, pero puede ser ineficiente dicho servicio”, ejemplificó.
Toro añadió: “El ciudadano de a pie también se beneficia, porque habrá impacto positivo en los precios del mercado. Hoy, ante la demora de los pagos del contratante, un microempresario debe endeudarse, con tasas abusivas, en bancos para poder cumplir y ese dinero se lo recargan al producto”.
CÉSAR LORDUY Representante a la Cámara “Habrá recursos para prestar servicio al ciudadano”.
EFRAÍN CEPEDA Senador “Se protege el empleo al hacer justicia a las mipymes”.
MAURICIO TORO Representante a la Cámara “El apoyo de 20 gremios fue clave para este proyecto”.