Estrés fiscal en B/quilla
Las finanzas públicas de Barranquilla se habían convertido en el eje central, de la gestión pública distrital, con todo lo experimentado en los últimos años. Las necesidades de financiación se apegaron a la disposición de nuevas rentas. Esto posicionó a Barranquilla, por encima de Bogotá, Bucaramanga y Cali, en relación al número de rentas activas, con un total de 27 identificadas, según un estudio realizado por Fundesarrollo, en 2019.
Sin embargo, el 57% de todo lo que recibe la ciudad, gracias al pago de impuestos se concentra en dos específicos: el predial unificado, e industria y comercio.
El recaudo de cada uno ha presentado cifras favorables en los últimos años, impulsado por la positiva dinámica económica y el proceso de actualización catastral iniciado luego de asumida tal competencia. Pero la llegada de la pandemia genera un estrés fiscal para las entidades territoriales, por la incapacidad de pago de las personas y sus hogares.
Razones como la pérdida de empleo, compromisos de deudas personales o empresariales, la liquidación de compañías o la necesidad de inyección de liquidez para negocios, además de los gastos mensuales de los hogares, hacen que los ciudadanos pongan a tambalear la decisión de pagar sus impuestos.
Esta situación pone sobre la mesa una convencional salida: la creación de un nuevo tributo, que –dicho sea de pasosería políticamente inadecuado.
El recaudo entre enero y marzo de este año cayó un -16,2%, respecto al mismo trimestre de 2019, y deja ver un porcentaje lento de avance, frente a la meta para este año. Hasta marzo apenas se había recaudado un 22% de los ingresos tributarios proyectados, mientras para esta misma época del año 2019, el recaudo ya se encontraba en 34%. A lo anterior, se le suman los históricos problemas de las finanzas territoriales del Distrito, como la auto sostenibilidad financiera de sus entidades descentralizadas, la capacidad para manejar las pretensiones por demandas judiciales y una operación bordeando los límites de endeudamiento.
Plantear soluciones exige la combinación de mecanismos, que van desde el aprovechamiento de lo dispuesto en el decreto para la condonación sobre parte del capital de la cartera morosa, y sobre el 100% de sanciones e intereses, así como el pago por cuotas y la extensión de los descuentos para pago de impuestos.
Sin perder de vista que, así como está en el Plan de Desarrollo Distrital, elementos como la Financiación por Incremento de Impuestos (TIFs, por sus siglas en inglés), las Alianzas PúblicoPrivadas y los bonos de deuda pública, cada uno con sus riesgos y desafíos, también pueden sumarse a las salidas.
La capacidad de pago de los contribuyentes está apretada y crear nuevos impuestos es una opción muy limitada, en el corto plazo. Eso, sin desconocer que, muy probablemente, el Gobierno Nacional golpee primero con una nueva reforma tributaria.
Por eso, necesariamente, el Distrito debe avanzar en la renegociación de su endeudamiento y reestructuración de sus pasivos, considerando una potencial emisión de bonos de deuda, que les ofrecería un mejor margen de maniobra para darle cumplimiento a lo definido en el Plan de Desarrollo 2020-2023.