El cuento del gallo capón
Los llamados de los gobernantes locales se suceden cada cierto tiempo en el mismo sentido, reclamando acciones efectivas, incluida la judicialización de los responsables de las quemas en el Isla Salamanca.
Arde el Vía Parque Isla de Salamanca. El séptimo incendio de este 2020. Un crimen ecológico recurrente que tristemente se convirtió en paisaje para las autoridades ambientales del orden nacional y también para la Policía, que han resultado incapaces de controlar las reiteradas conflagraciones en el santuario de fauna y flora, amenazado por la voracidad de quienes buscan expandir la frontera agrícola, queman el mangle para conseguir carbón vegetal o se dedican a la cacería ilegal de animales en esta área protegida.
La problemática de los incendios, que comparten el departamento del Magdalena y la ciudad de Barranquilla, está sobrediagnosticada. Los llamados de los gobernantes locales se suceden cada cierto tiempo en el mismo sentido, reclamando acciones efectivas, incluida la judicialización de los responsables de las quemas por la grave afectación que causan no solo al ecosistema de la zona, sino a la calidad del aire que respiran los habitantes del corregimiento de Palermo y de los barrios de sectores de la capital del Atlántico, que deben inhalar ese insoportable aire contaminado, producto de la malsana y perjudicial humareda que puede permanecer semanas acompañando sus actividades cotidianas. En este tiempo de la pandemia por el coronavirus, neumólogos consultados por el EL HERALDO advierten de un impacto mucho más nocivo en la salud de los ciudadanos por cuenta del humo que emanan los incendios, lo que podría generar serias dificultades respiratorias adicionales.
Mientras el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció daños irreparables debido a las quemas “que destruyen irreversiblemente la flora y acaban con cantidades innumerables de ejemplares de fauna” y pidió que los autores de este delito "respondieran ante la Ley", el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se preguntó hasta cuándo Barranquilla resultará afectada por “la falta de dolientes” de Isla Salamanca. Y aseguró que ya habían notificado a autoridades del Magdalena, a las que señaló de no actuar.
Este interminable cuento del gallo capón podría tener un nuevo desarrollo si la Corte Suprema de Justicia logra dar cumplimiento a su fallo en el que declara al Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos y le ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, a Parques Nacionales Naturales y a la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena que formulen, en un plazo de cinco meses, un “plan estratégico y efectivo de acción a mediano plazo” para reducir los niveles de deforestación y degradación a cero en la zona protegida. La clave son los términos en los que se solicitan, además de los compromisos y ejes de acción, fechas concretas para avanzar en la prevención y restauración de la zona y las consecuencias a las que haya lugar si hay incumplimiento.
No es la primera vez que un alto tribunal reconoce los derechos de los cuales la naturaleza es titular para encontrar una vía jurídica que garantice su conservación y protección. Ya lo había hecho la Corte Constitucional en una histórica sentencia del año 2016, cuando se declaró al río Atrato como sujeto de derechos, luego de evaluar su probada condición, muy grave por cierto, de intervención, afectación y alteración por el hombre.
El Vía Parque Isla de Salamanca es, sin duda, una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones culturales, que son sujetos de derechos individualizables, sentencia la Corte. Resulta evidente que la deforestación descontrolada se acelera y aumenta los riesgos para la supervivencia de su fauna y flora. Los incendios indiscriminados deterioran playones, ciénagas y bosques delante de las narices de las autoridades ambientales, encargadas de velar por su conservación, que, dice la Corte, no les acreditaron “gestiones asertivas y eficaces”.
Mientras se definen los términos del plan ordenado por la Corte, autoridades del Atlántico y Magdalena se comprometieron a reforzar la atención de los incendios y de la problemática social en esta zona, donde residen comunidades vulnerables. Está por verse, pero algo hay que hacer para evitar, a toda costa, que sigan extendiéndose los daños severos o irreversibles en la biodiversidad del Parque.
La defensa de la naturaleza y de todas sus formas de vida tiene que ser un compromiso real sobre el terreno, que no se puede quedar solo en anuncios de buena voluntad, se requieren acciones concretas y oportunas, pero sobre todo coordinadas. Es intolerable que se sigan tirando la pelota entre distintas entidades, mientras la vida en el santuario de Salamanca y la salud de decenas de miles de personas está en juego.
Esta historia podría tener un nuevo desarrollo si la Corte Suprema de Justicia logra dar cumplimiento a su fallo en el que declara al Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos.