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Se trata de 11 bienes inmuebles avaluados en $766 millones. Los predios están en Soledad, Baranquilla y Santa Marta.
BOGOTÁ. La Fiscalía informó este viernes en un comunicado que dictó extinción de dominio contra 11 bienes, avaluados en más de $766 millones, de propiedad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y del ex alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, en medio del proceso que se les sigue por la contratación de adecuación de centros de salud en la capital magdalenense.
El ente acusador indicó que a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a los 11 bienes inmuebles que “habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, solo uno fue terminado”.
La Fiscalía recordó en el documento que investiga a Caicedo Omar porque “durante su gestión como alcalde de la ciudad (2012 - 2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016 - 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones”.
Los bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio están representados en dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad (Atlántico); dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena), se lee.
Advirtió finalmente el organismo de investigación penal que, por la pandemia, las propiedades, que figuran a nombre de los exalcaldes y terceros, serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo.
Francisco Barbosa aseguró que el ente acusador “no entra en discusiones políticas”.
FISCAL NIEGA TINTE POLÍTICO EN DECISIÓN. El fiscal Francisco Barbosa negó este viernes en rueda de prensa que hubiese intereses políticos en la medida de extinción de dominio contra Caicedo y Martínez.
“Sobre la medida cautelar de extinción de dominio a este gobernador, le voy diciendo que nosotros no entramos en discusiones políticas con las diferentes autoridades que están siendo afectadas por decisiones judiciales”, aseguró el fiscal.
Cuestionó el jefe del ente acusador al respecto que “cada vez que se toma una medida contra cualquier actor político, inmediatamente se convierte en una idea de persecución política”.
Por último, destacó la resolución del organismo de investigación penal, debido a que “se decía que la Fiscalía no hacía nada frente a cierta clase política y lo que hay que decir es que actúa sin distinción alguna, sin ideología alguna. Los afectados son de diferentes partidos. Aquí se lamentan de las acciones judiciales cuando afectan sus intereses y se alegran cuando son en contra de sus enemigos”.