Extinción de dominio a bienes de Carlos Caicedo y Rafael Martínez
Por obras de adecuación de cinco puestos de salud Son 11 bienes, avaluados en más de $766 millones.
BOGOTÁ. La Fiscalía General de la Nacional dictó extinción de dominio contra 11 bienes, avaluados en más de $766 millones, de propiedad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y del ex alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, en medio del proceso que se les sigue por la contratación de adecuación de centros de salud en la capital magdalenense.
El ente acusador indicó que a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a los 11 bienes inmuebles que “habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales sólo uno fue terminado”.
A FAVOR DEL ESTADO. La delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, precisó en rueda de prensa que la medida cautelar de extinción de dominio sobre 11 bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y del ex alcalde de Santa Marta Rafael Martínez “es para resguardar estos bienes en favor del Estado”.
Agregó que la decisión “obedeció a una compulsa de copias de la fiscal seccional 41 de Santa Marta el año pasado, y se tenía además conocimiento de la sentencia del Juzgado 3 Penal del Circuito de Santa Marta por este caso, y eso llevó a la Fiscalía a tomar estas medidas cautelares”.
Concluyó Noguera que “los bienes están en cabeza del señor Caicedo” y que la acción se da en el marco de la pesquisa que se les sigue a Noguera y Martínez por presuntas irregularidades en la contratación de la adecuación de centros de salud en Santa Marta.
La Fiscalía recordó en el documento que investiga a Caicedo Omar porque “durante su gestión como alcalde de la ciudad (2012 - 2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016 - 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones”.
Los bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio están representados en dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad (Atlántico); dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena).