El Heraldo (Colombia)

Damnificad­os de El Carmen de Bolívar retornaron a zonas de riesgo

Obligados porque no tienen recursos para pagar arriendos. Son 35 familias y piden apoyo al Gobierno nacional.

- Por Agustín Iguarán

Diez familias damnificad­as por los deslizamie­ntos en el barrio Alto Prado del Carmen de Bolívar se vieron obligadas a retornar a sus casas destruidas, luego de deshabitar­las hace nueve meses ante el inminente riesgo que corrían sus vidas por el hundimient­o de las mismas.

Son 36 personas las que han aceptado el miedo como parte de su vida cotidiana, y para quienes la indiferenc­ia del Estado se convierte en apoyo silencioso de la injusticia.

Sostienen que regresaron, “no por valientes, sino porque creemos en Dios”, y confiesan que “estamos viviendo entre el miedo y la necesidad”.

“No solo es el miedo por el colapso de los vestigios de las casas, también por el contagio del coronaviru­s ante la posibilida­d de estar hacinados en casa de familiares o, en el caso extremo, a tener que vivir en la calle”, añaden.

En esta población se han registrado 45 casos positivos de la COVID-19, de los cuales hay 38 activos y 4 recuperado­s. Han fallecido 3 personas. “Hay un caso que está en espera de redireccio­namiento para la ciudad de Cartagena”, reportó la Alcaldía.

Las familias son consciente­s de que el gobierno municipal ha mostrado todas las intencione­s con el barrio, pero que también ha habido incumplimi­entos del Departamen­to y la Nación, como lo afirmó Marcos Yepes, presidente del Comité Central de Riesgo creado por los moradores.

Yepes, que nunca se ha ido del sector pese a las advertenci­as de la naturaleza y de sus allegados, manifestó que desde octubre del 2019, cuando las 35 familias afectadas desalojaro­n y fueron ubicadas en casas arrendadas, la Alcaldía cumplió con el compromiso de financiar el arriendo por tres meses, por un monto global de $1 millón 050 mil por familia.

“En los meses subsiguien­tes, desde enero, se guardó la esperanza de que la Nación apoyara, pero no ha sido así”, anotó.

ESPERANZAS. Quienes decidieron luchar contra la desesperan­za en el barrio Alto Prado sostienen que el terreno no resistirá una inundación más.

Marta Paternina, Ingrid Serrano, Manuel Antonio

Caro, José Gamarra, Dagoberto Torres, Antonia Tene (ecuatorian­a), Nelsy Ochoa, Gilma Vega y Doris Tapia, todos con su núcleo familiar, aseguran que su retorno es una necesidad de la cual, segurament­e, aprenderán alguna lección.

“Le juro que siento mucho miedo porque con mi esposa, María Tovar, de 66 años, tenemos que acomodarno­s”, dijo Manuel Antonio Caro, de 77 años.

Manifestó que subsisten del aporte que reciben del Estado por ser de la tercera edad. “La tensión es grande”, precisó Caro, no sin antes aseverar que sus tres hijos tienen una situación que no es muy buena.

Doris Tapia Salcedo es madre comunitari­a (a su cargo 12 niños) y tiene un hijo especial, aunque la ayudan sus padres asegura: “El temor nos invade, pero no hay de otra”.

El barrio no tiene gas ni agua. Este último servicio lo obtienen de un punto habilitado a una distancia de aproximada­mente 500 metros. Hay tres calles sin acceso y enmontadas, en donde con dificultad lo único que transitan son motociclet­as.

SE EXPONEN AL PELIGRO. La arquitecta y ex directora de Gestión del Riesgo del Carmen de Bolívar Elsy Miranda sostiene que lo que han hecho estas personas ha sido una osadía.

Asegura que se les advirtió que el retorno no era viable, y que si lo hacían se exponían a un peligro inminente.

“No podían regresar a sus casas en ruinas”, dijo la exfunciona­ria.

“La mayoría son de la tercera edad y cuando los sacamos para que vivieran en arriendo se paraban todos los días al frente de las casas a llorar”, recordó.

Agregó que fue tanta la pena que sintieron que “tuvimos que ponerles psicólogos. No es justo esto para ellos, pues están entre sus casas destruidas y la pandemia”, puntualizó.

Yepes insiste en que “es urgente que el gobierno departamen­tal y el nacional se comprometa­n y nos cumplan”.

EL HERALDO llamó varias veces al alcalde Nelson Torres, pero no contestó. Igual a la directora de Gestión del Riesgo, María Romero.

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CORTESíA MARCOS YEPES Ingrid Serrano y sus dos nietas tuvieron que regresar.
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La vivienda de Ruth Yepes está resquebraj­ada.

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