¡Indignación!
En la madrugada del sábado falleció en Neiva, Salomé, una niña de cuatro años que permanecía en UCI luego de ser víctima de abuso sexual y maltrato físico.
Esta noticia, que parece irreal, se suma a las miles de historias inauditas de violencia sexual contra los menores en nuestro país. En las últimas semanas también fueron titulares de estos delitos dos menores indígenas. Se trade la niña de once años de la etnia embera chamí en Risaralda que fue sorprendida por siete militares mientras buscaba guayabas cerca de su poblado. Seis de ellos le arrancaron la ropa, le taparon la boca y la violaron uno a uno. En otra comunidad indígena, nukak makú en Guaviare, la menor de quince años denunció que caminaba en compañía de una amiga, se apartó para ir al baño cuando dos militares se le aproximaron, la tomaron de la mano y se la llevaron al batallón en donde la encerraron en una habitación y la violaron por seis días consecutivos.
Al leer estos relatos sentimos cerca el sufrimiento de estas niñas y la problemática que trasciende las frías cifras, concientizando al país entero de estas situaciones de violencia de las que todos somos corresponsables por acción u omisión y por lo tanto de cuya solución también debemos hacer parte. Sin embargo, lamentablemente la indignación ante estos sucesos se redujo al debate entre la pertinencia o no de la recién aprobada cadena perpetua.
Pero, ¿dónde quedó la discusión sobre las estrategias de prevención para evitar que este tipo de violencia se materialice? ¿dónde quedó la discusión sobre la protección a los menores? ¿dónde quedó la discusión sobre la atención oportuna para la disminución de los efectos psíquicos a futuro? ¿dónde quedó la discusión sobre la manera en la que cada uno de nosotros podemos aportar a la prevención de este tipo de violencia?
A finales del año pasado el Gobierno Nacional lanzó la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la alianza global, la cual según el ICBF busca reducir sustancialmente la tasa de violencia y tiene dos ejes fundamentales: la formulación de la política pública de manera participativa y, a la vez, la movilización de toda la sociedad en la transformación cultural que lleve a generar un consenso de cero-tolerancia con la violencia.
En esta misma dirección el gobierno, en alianza con organizaciones internacionales, elaboró la Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), en donde se detalla la problemática y se plantean una serie de recomendaciones. El desarrollo de la alianza, la consolidación del documento CONPES y la implementación de estas recomendaciones deberían ubicarse en el centro de la discusión y contar con el impulso y acompañamiento desde el ejercicio ciudadano, legislativo y medios de comunicación.
El sufrimiento que han vivido estos menores y sus familiares no puede ser en vano, implementemos los aprendizajes que hemos adquirido en esta pandemia sobre la importancia de la prevención y de la solidaridad. Demostremos nuestra indignación participando de una acción colectiva en la que cada uno de nosotros busquemos proteger y reducir los factores de riesgo de los menores en cuyo desarrollo tenemos incidencia directa o indirecta. De manera que nuestra voz de indignación sí logre impactar la reducción de la violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes.
Coletilla: es lamentable como en estos momentos de crisis, cuando debería primar la solidaridad nacional, ha habido comentarios provenientes de otras partes del país refiriéndose despectivamente y criticando con argumentos sin sustento a Barranquilla y el Atlántico por la situación producto del COVID-19.