Respaldo de junta de AMB a competencias ambientales
La Junta Directiva dijo que la decisión es una apuesta para “el fortalecimiento y articulación de la gestión ambiental del territorio”.
La Junta Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) ratificó la decisión de asumir las competencias como autoridad ambiental urbana en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa a partir de enero de 2021.
En un comunicado a la opinión pública se explicó que la determinación fue tomada de acuerdo con el ordenamiento legal colombiano, más exactamente las leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013, las cuales establecen que los grandes centros urbanos –con una población superior a un millón de habitantes– podrán ejercer las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales dentro del perímetro urbano.
Asimismo, la Junta de la AMB afirmó que la decisión también está alineada a la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana expedida por el Ministerio de Ambiente, que define las directrices, objetivos y estrategias para “una adecuada gestión de las problemáticas ambientales” de las áreas urbanas.
Explicó que la adopción de las competencias ambientales es una apuesta hacia “el fortalecimiento y articulación de la gestión ambiental del territorio”, entendiendo al ambiente como un “hecho metropolitano que no reconoce fronteras en fenómenos urbanos” como la calidad del aire, las emisiones contaminantes y los ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad, entre otros.
También sostuvo que de esta manera se promoverá la equidad en la gestión de los recursos destinados para la sostenibilidad ambiental y que se buscarán los mecanismos de compensación establecidos en la ley y en el ejercicio de trabajo armónico que se propone con la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Indicó, además, que la decisión va en la misma dirección de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades del país, que a través de este esquema asociativo del territorio se han convertido en entes articuladores de políticas, planes y programas para contribuir a su consolidación como territorios compactos, equitativos y prósperos.
La Junta Directiva agregó que con las nuevas competencias se implementará una política ambiental urbana planificada y cohesionada en el territorio metropolitano, habitado por más de 2 millones de personas y donde se concentran los principales problemas ambientales propios de los grandes centros urbanos como la contaminación, la pérdida del recurso hídrico, la degradación de los suelos, entre otros.
Por último, reafirmó el llamado al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para que acompañen las mesas de concertación entre actuales autoridades ambientales y la futura autoridad metropolitana ambiental.