El 2016 fue el año en el que la empresa tocó fondo

Mediante los múltiples debates de control político y las reuniones con gobernadores, alcaldes, empresarios, congresistas de la región y el Gobierno nacional (realizados entre 2013 y 2016) se conocieron los detalles de la situación de la empresa. Se pudo establecer que durante más de 10 años no hizo las inversiones necesarias para la sostenibilidad de la red, pues su promedio anual de inversiones estaba entre $100 mil y $120 mil millones, cuando se requería al menos destinar unos $700 mil millones anuales para la modernización y mantenimiento. En 2016, los saldos de caja de Electricaribe pasaron de $191 mil millones en enero a $108 mil millones en junio, tendencia que se mantuvo y se acentuó en la segunda mitad de año, hasta que al cierre de septiembre solo era de $74 mil millones; es decir, menos del 50% del saldo que tenía en enero. Antes de que se realizara la intervención, la compañía había dejado de pagar a sus proveedores y a los generadores de energía, esto como resultado de un déficit financiero que superaba los $500 mil millones, al que se sumaba un pasivo externo de $2,4 billones y un pasivo pensional sin fondear que se estimaba en alrededor de $1,2 billones.

La grave crisis financiera de la compañía fue reconocida por su propio presidente, José García Sanleandro, en una carta enviada al Gobierno nacional en 2016. En la comunicación expresó la imposibilidad de honrar sus compromisos con el mercado mayorista de energía.

El resultado inmediato de la cesación del pago de los compromisos de energía se presentaría en noviembre de 2016 con una anunciada limitación en el suministro de electricidad; es decir, un racionamiento generalizado en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. A septiembre de 2016, las pérdidas de energía acumuladas estaban en el orden del 21,40%, porcentaje que sobrepasaba la meta fijada en el Programa de Gestión que había pautado la Superservicios a cierre de diciembre de 2016, que era de 20,73%.