Gas Natural Fenosa y la querella contra Colombia

En el tercer trimestre de 2016, GNF, desde España, solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones para buscar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”.

Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, anunciaron que habían

“notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia”. Con los cambios en el Ministerio de Minas y Energía (Germán Arce llegó al cargo) y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la que llegó José Miguel Mendoza, se hizo más estrecha vigilancia y exigencia al cumplimiento de la empresa, ya que la situación así lo requería.

“Es necesario que Electricaribe invierta en infraestructura. El Gobierno ha puesto de su parte a través del plan 5 Caribe”, publicó en ese momento el presidente Santos a través de su cuenta de Twitter.

Bajo la orientación de Santos, el Minminas exigió a GNF que realizará un plan de capitalización que le permitiera avanzar con los objetivos trazados, en el marco de reuniones realizadas con los directivos de la casa matriz española encabezados por su presidente Isidre Fainé, quien viajó a Bogotá para estos encuentros.

La capitalización esperada era por unos $200 mil millones que ayudarían a superar la crisis por la que atravesaba la empresa a comienzos de noviembre de 2016. La mayor inversión de capital se debía destinar a pagar las obligaciones que tenía con XM, operador del mercado de energía, que exigía unos $43 mil millones, para evitar un posible apagón en la Costa Caribe. Además, se esperaban inversiones por el orden de los $1,2 billones, para aliviar el rezago de los años anteriores. La empresa solicitaba un cambio en las reglas de juego, especialmente en lo concerniente al recaudo de cartera y a los fraudes.