Las misiones médicas, en la mira de los violentos en Colombia
La Comisión de la Verdad realizará hoy un acto de reconocimiento del impacto del conflicto armado en el sector salud Profesionales ➲ sanitarios han sido víctimas de violencia sociopolítica, desplazamiento, enfrentamientos y asesinatos, entre otros hechos.
Alzar la voz en Colombia ha sido una de las acciones más peligrosas. En total, 2.932 líderes sindicales fueron asesinados entre 1986 y 2016, 5.916 han sido amenazados y se han ejecutado 298 atentados, según cita la Comisión de la Verdad.
El gremio de la salud no ha sido la excepción. La crisis hospitalaria del 2001 coincidió con las protestas de los sindicatos del sector salud, paralelamente el paramilitarismo se expandió y para la misma fecha se registraron 71 agresiones al gremio.
Una de las asociaciones sindicalistas del gremio de la salud que más ataques sufrió fue Anthoc, con 438 casos, entre 1990 y 2018, de violencia sociopolítica. (Ver recuadro)
Una de las razones de la lucha sindical del gremio de la salud tenía que ver con la desviación de los recursos públicos destinados a este sector. “Los recursos para la vida, para la salud, terminaron financiando los escuadrones de la muerte en la Costa Caribe. Muchos de los crímenes fueron financiados por los recursos que saqueaban de la salud”, afirmó Hernán Pedraza, odontólogo y ex director del Fondo de Empleados del Sena, a la Comisión de la Verdad, que este jueves realizará un acto de reconocimiento del Impacto del Conflicto Armado en la Salud.
Holmer Jiménez, médico y gerente del hospital Eduardo Arredondo E.S.E., indicó: “Siempre se ha dicho que la salud es una de las instituciones más valiosas, no solo por el recurso económico sino por el político. Donde ellos sabían que estaba el grupo contrario no dejaban llegar a los médicos ni a los grupos de brigadas de salud”.
También Javier Bermúdez resaltó que en Barranquilla y Soledad hubo un pacto entre políticos, empresarios y sectores poderosos de la economía, que estableció una nueva estructura del sistema.
Las veces que el gremio sindical de la salud ha querido alzar la voz han intentado apagarla a punta de balas y fuego. Lo anterior ha conllevado a que, según indicó la líder sindical de Anthoc María Victoria Jiménez, sea más fácil por parte de los gobiernos implementar reformas al sistema de salud, puesto que ante el temor muchas voces en contra se han silenciado.
ENTRE FUEGO CRUZADO. A María Cristina Cobo, una enfermera de la Universidad de los Llanos, un grupo paramilitar en el 2004 la torturó, agredió sexualmente, la asesinó y la desapareció. Ella prestaba el servicio social obligatorio en Calamar, Guaviare. Después de su desaparición forzada, fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla.
Su madre, Paulina Machecha , dijo que ha ido a los lugares en los que le han dicho que fue enterrada. “Con pala en mano he recorrido kilómetros en busca de sus restos”, anotó.
Otra historia, la de Raúl, recapitula lo que muchos de los integrantes de la Misión Médica vivieron durante el conflicto armado.
Él llegó a un puesto de salud en una zona alejada en el Magdalena Medio a prestarle su servicio a más de 500 familias. Pero el fuego cruzado de los grupos armados en la zona hizo que abandonara el territorio, tras varias amenazas. Tales combates impedían tanto a la comunidad acercarse al puesto de salud, así como al médico velar por sus pacientes.
La guerra empezó a azotar más fuerte y a Raúl, después, lo acusaron de ser un informante. Tuvo que huir. La guerra, así, no solo le negó el derecho de ejercer su profesión, sino que le arrebató a la comunidad el acceso a la salud.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad se han registrado más de 2.400 casos de infracciones contra las misiones médicas, la mayoría actos violentos contra la vida. (Ver gráfico)
El comisionado de la Verdad Saúl Franco precisó que entre 1978 y el año pasado (2019) fueron asesinadas 84 promotoras rurales de salud, que hacen el mínimo de atención en las regiones más remotas.
En estos hechos están comprometidos todos los actores del conflicto, la guerrilla es responsable de un 34% de estos actos; los paramilitares en un 20%; y la Fuerza Pública en un 6%.
“Lo peor de esto es que aún esto sigue pasando”, dijo el comisionado Franco, quien agregó que más del 40% de esos casos no se sabe el actor que los cometió y muchos menos hay detenidos, ni condenados. “La impunidad impera. Y estos datos apenas son la punta del iceberg”, manifestó el comisionado.