La contrademanda presentada por el Estado colombiano
En diciembre de 2019, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Andje, luego de dos años “de intenso litigio”, informó los detalles de la presentación de una “contundente” estrategia de defensa en el caso.
Se refería el ente gubernamental a la demanda de reconvención o contrademanda contra Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa–, que había sido impulsada desde diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, con sede en Washington, desde diciembre de 2018. El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses. En este caso, entre el 5 y el 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje de inversión iniciado por Naturgy en las instalaciones del Ciadi: “Durante la audiencia, el equipo de defensa de Colombia se concentró en demostrar que la empresa Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe”. La contrademanda se interpuso por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe y se fundamenta en que Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región. Así mismo, sostiene la demanda de reconvención de la agencia estatal de defensa en temas jurídicos que “las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos” y también que “Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada”.
De igual manera, puso de presente en el recurso que “la administración de Gas Natural en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa”, ya que, argumentó, “la Nación es dueña del 6.56% de las acciones de Electricaribe, que pierden valor en la medida que la empresa se desvaloriza”.