#Denombresyengaños

En muchas columnas he pedido que por vía legal o judicial se obligue a las FARC a no utilizar este nombre en su partido político, pues con él terror causaron, violaron, reclutaron menores, traficaron armas y drogas, secuestraron, extorsionaron, hurtaron e hicieron tantos actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad.

Pocas voces hacían eco de esta petición que lo que buscaba principalmente es la no revictimización de las víctimas de este grupo terrorista. Al mantener el mismo nombre se pierde una oportunidad histórica de no dejar a este grupo reescribir la historia de manera parcial, descontextualizada y llena de mentiras.

Aún es tiempo para que en el mismo Congreso, incluso los mismos que apoyaron de manera ciega el acuerdo de “paz” pidan que se cambie el nombre del ahora partido político, no por mala imagen o por las explicaciones banales que han dado sus directivos otrora cabecillas, sino porque no puede permitirse que la política se confunda con los graves delitos y violaciones a derechos humanos que cometieron durante años y años.

Es inentendible como antes y ahora no critican ni ejercen presión, ni usan las herramientas que da la ley y la justicia para corregir lo que debe ser corregido, como que sea por orden de quienes siempre estuvimos actuando conforme a la ley y la Constitución que se deba cambiar el nombre y no como un acto de parte y que pretende crear empatía para esconder la verdadera historia de su obrar delictivo.

Así mismo, es hora de dejar de aplaudir por todo a la JEP. Reitero que en cabeza de Eduardo Cifuentes debe ser algo diferente, eficaz, con resultados y no la justicia lenta y alejada de lo real que fue en cabeza de la presidenta anterior.

Se avecinan elecciones de presidente y Congreso y las FARC van a poder participar, con éxito o sin él, en un proceso de elección popular sin haber pasado siquiera por la pena o sanción simbólica de la JEP, sin haber aportado la verdad en la comisión establecida para ello en los acuerdos suscritos, sin haber entregado ni siquiera una parte importante de su fortuna para indemnizar a las víctimas y sí, por el contrario, llenando de mentiras la historia del país negando reclutamiento, delitos sexuales y prácticas abortivas.

No entiendo como el sector cercano a Santos y al proceso adelantado por ese gobierno no es fuerte y categórico en exigir a las FARC que cumpla sus compromisos con la misma vehemencia que exige al gobierno cumplir los adquiridos, con la gran diferencia que el gobierno en temas del acuerdo hace lo posible para honrarlos, mientras que el grupo que delinquió durante tanto tiempo poco o nada hace para el mismo efecto.

En este mismo sentido el gobierno de Joe Biden ha mandado ya mensajes de apoyo al tema de la paz, que gran noticia. Ojalá que ese apoyo implique que ellos y organismos internacionales, como la ONU y órganos de la OEA, también le impongan con contundencia a las FARC que cumplan su compromiso, que a la JEP dejen de aplaudirla por lo poco que ha hecho y que podamos avanzar hacia la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto no solo del lado del Estado, sino del lado de quienes siempre faltaron al cumplimiento y acatamiento de la ley y de los mínimos derechos humanos de la ciudadanía.

Por último, está en mora la Comisión de la Verdad de exigir a las FARC que den nombres de los políticos que los apoyaron para ser elegidos a cargos de elección popular, así como había zonas de influencia paramilitar donde era imposible ser elegido sin ellos, lo mismo ocurría con las guerrillas y terroristas de las FARC.