Fiscalía pide casa por cárcel para el gobernador del Cesar por PAE.
Es investigado por anomalías en el PAE por $3 mil millones. Luis Alberto Monsalvo Gnecco espera la decisión judicial.
BOGOTÁ. La Fiscalía pidió ante el Tribunal Superior de Bogotá detención domiciliaria para el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en medio del proceso que se le sigue por presuntas irregularidades por $3 mil millones en contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
Para el ente acusador, el mandatario podría interferir en la investigación y por ello es necesario que se le dicte una detención preventiva.
El contrato cuestionado, fundamentalmente por temas de supuestos sobrecostos, fue suscrito en el año 2015 con el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, y por este fue imputado hace una semana por los delitos de apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Uno de los sobrecostos cuestionados corresponderían a que, por ejemplo, el kilo de hígado, que costaba $14 mil en el mercado, fue registrado por $65 mil en el contrato.
Así mismo, de acuerdo con el ente de investigación penal, los padres de familia y estudiantes se quejaban de que las porciones de alimentos eran muy pequeñas y, además, se halló que la contratación al parecer carecía de estudios previos y otros requisitos de ley.
La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el primer periodo en el que el mandatario estuvo en el cargo.
“El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los $17.140 millones”, indicó la Fiscalía en la imputación.
El ente acusador advirtió que halló por lo menos “nueve inconsistencias, como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172.808.072”.
Hace un año, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había impuesto cinco años, un mes y 16 días de prisión al gobernador Monsalvo Gnecco por el delito de corrupción al sufragante, cometido durante las elecciones de octubre de 2011.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema señaló que “como candidato a la Gobernación, Monsalvo Gnnecco firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos”. Posteriormente, en septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal lo absolvió al establecer que fue la comunidad de familias desplazadas del asentamiento Tierra Prometida, la que lo buscó en 2011 cuando era candidato, para exponerle sus necesidades y este se comprometió a ayudarles”.