Por una tributaria realista y concertada
A partir del 20 de julio, con la nueva legislatura, comenzará el trámite de la reforma tributaria en el Congreso. El articulado del proyecto, más ‘aterrizado’ que la incendiaria iniciativa de Carrasquilla, reafirma el valor de la concertación y el diálogo
El buen clima del día después de la presentación de la reforma tributaria, o ley de Inversión Social, confirma que la construcción de consensos con actores sociales, económicos y políticos en los territorios despejó el camino para su negociación en el Legislativo, a partir del próximo 20 de julio. A diferencia de lo sucedido con la fracasada reforma de abril, las líneas rojas que desataron un estallido social sin precedentes en Colombia no se tocaron. La base gravable de renta de personas naturales no se ampliará, tampoco se elevará el IVA ni las pensiones, y no habrá ‘impuestos verdes’, lo que pacifica el campo de juego y favorece un ambiente de distensión.
La nueva iniciativa de financiamiento social y estabilidad fiscal, con la que el Ejecutivo aspira a recaudar $15,2 billones, y no la descomunal cifra de $23,4 billones en tiempos de ‘vacas flacas’ como los actuales, no solo es realista, también resulta consecuente con la dramática realidad de la empobrecida clase media colombiana, a la que la lesiva reforma del dimitente Carrasquilla amenazaba con borrar de tajo. El presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, entendieron que debían buscar las fuentes de financiación del proyecto entre los más pudientes del país, sobre todo en los empresarios que mostraron su disposición de meterse la mano en el bolsillo para contribuir con mayores impuestos a la atención de las ingentes necesidades de los más pobres. Un asunto de inexcusable responsabilidad social, como ha defendido el presidente de la ANDI, el economista cartagenero Bruce Mac Master, quien solicitó al Congreso evitar “colgarle micos y cosas raras" a la minimalista propuesta. Llamado acertado para avanzar.
Expertos como el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, coinciden en que esta “no es la reforma técnicamente deseable, pero sí la políticamente posible". No les falta razón. El proyecto, aunque calificado como positivo, no es lo suficientemente contundente para enviar un mensaje de fondo a las calificadoras de riesgo que, tras la pérdida del grado de inversión, siguen teniendo en la mira a Colombia. Pero al menos, sí aseguraría en el corto plazo –de acuerdo con la apuesta del Gobierno– los fondos para financiar y ampliar el Ingreso Solidario hasta 2022, subsidiar la nómina de empresas en crisis hasta fin de este año, otorgar matrícula cero a los alumnos de educación superior pública más vulnerables y crear nuevos empleos para jóvenes y población en riesgo. Con esta hoja de ruta, que beneficiaría a 11,6 millones de ciudadanos, el Ejecutivo promete reducir la pobreza en 8 puntos porcentuales, de 42,5 %, como cerró en 2020 a 34,2 %, en el próximo año y medio, alcanzando la tasa prepandemia.
En este ejercicio de ‘todos ponen’, en el que los empresarios aportarán más de $10 billones y los bancos – conscientes de la severidad de la crisis social y fiscal– aceptan a regañadientes pagar impuestos adicionales, el Gobierno se obliga a apretarse el cinturón en términos de austeridad y lucha contra la evasión racionalizando excesivos e innecesarios esquemas de seguridad y limitando el crecimiento de la burocracia y de los gastos en bienes y servicios. El Ejecutivo debe dar ejemplo reduciendo costos de operación en viáticos, publicidad, papelería, planes de telefonía celular e internet, contratos de arrendamientos y suntuosos eventos que no corresponden con las limitaciones presupuestarias. ¿Hasta cuándo vamos a creernos que somos un país rico? Si la casa no se pone en orden, difícilmente se generará la confianza para la aprobación de la iniciativa, que en últimas se la juega por la reactivación económica, todavía a medio camino.
La muy desafortunada reforma de Carrasquilla profundizó los abismos de polarización, resultado de la brutal desigualdad social, que fracturan a Colombia. Sus efectos colaterales se harán sentir aún por tiempo indefinido. Pero también dejó grandes lecciones, como la importancia del diálogo, la concertación y la escucha del interlocutor, inamovibles derroteros cuando se trata de alcanzar acuerdos. Ojalá que el Gobierno de Iván Duque lo haya aprendido y que el Congreso no lo pase por alto durante la discusión de la reforma. Las imposiciones solo nos distanciarán más.
La nueva iniciativa, con la que el Ejecutivo aspira a recaudar $15,2 billones, y no la descomunal cifra de $23,4 billones en tiempos de ‘vacas flacas’ como los actuales, no solo es realista, también resulta consecuente con la dramática realidad de la empobrecida clase media colombiana, a la que la lesiva reforma del dimitente Carrasquilla amenazaba con borrar de tajo.