Petro pide no sancionar reforma a Procuraduría
El Consejo de Estado admitió la tutela que interpuso el líder de la oposición en contra del presidente Iván Duque Márquez.
BOGOTÁ. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela presentada por el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, de la Colombia Humana, que busca que el presidente Iván Duque se abstenga de sancionar la ley de reforma al Código Disciplinario, presentada al Congreso de la República por la procuradora Margarita Cabello.
Para el líder opositor, el proyecto, surgido a raíz de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia por la destitución e inhabilidad de 15 años dictada en 2013 por el exprocurador Alejandro Ordóñez contra Petro, no acoge los planteamientos de la corporación americana.
El senador afirma que es un juez penal el que debe poder destituir a un funcionario elegido popularmente.
Por su parte, el Ministerio Público asevera que la norma, que plantea la división en la misma Procuraduría de dos funcionarios distintos para investigación y juzgamiento de funcionarios de elección popular, amplía las garantías para los disciplinados y cumple con lo dispuesto por la Corte IDH.
Petro pide, concretamente, que se le protejan los derechos fundamentales a la justicia así como a elegir y ser elegido y al debido proceso, y que en esta medida “se ordene al presidente de la República, Iván Duque Márquez, abstenerse de sancionar el proyecto de Ley 423/21S, 595-2021C y, en su lugar, presentar objeciones por inconstitucionalidad sobre el mismo al Congreso de la República, conforme lo aquí argumentado y lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 5 de 1992”.
En el proceso se vincula, además, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría General de la Nación, al Congreso de la República y al Ministerio del Interior.
El ente de control disciplinario solicitó, en respuesta, desestimar la acción constitucional interpuesta por el candidato presidencial, debido a que la sanción de una iniciativa aprobada por el Legislativo es un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, lo cual es un acto de carácter abstracto y general, y ante este la acción de tutela resultaría improcedente.
Durante la discusión parlamentaria, Petro criticó: “La sentencia ordena al Estado, porque la Corte IDH es como cualquiera de las cortes colombianas, que no permita que se pierdan derechos políticos sino en virtud de sentencias de juez penal. Por eso la decisión del exprocurador Alejandro Ordóñez, de quitarme por 15 años los derechos políticos fue suspendida no solo por la Corte IDH, sino también, antes, por el Consejo de Estado en sala plena”.
Por su parte, Cabello dijo al Capitolio: “Hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá evitar que prescriban más de 10.000 procesos. (...) Este proyecto aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados”.