¿Empleo para los vándalos?
En una democracia seria y coherente, donde impere el principio de autoridad, los vándalos que destruyen los bienes públicos y causan graves daños a la economía del país, sólo tienen derecho a que se les aplique el Código Penal y el Código Nacional de Policía y Convivencia, todo dentro del debido proceso y con garantías de sus derechos humanos. Pero no a un empleo, como premio a su comportamiento vandálico, como lo quieren hacer algunos alcaldes que frente a este problema han tenido una posición complaciente con quienes por las noches destruyen las ciudades.
Sería una actuación administrativa desgraciadamente equivocada en un país como Colombia con 4 millones de personas desempleadas, casi la misma población que tiene Panamá. Al respecto, la tragedia del desempleo no puede estar en manos de unos alcaldes que no tienen presupuesto ni competencia para resolver semejante problema. Esto requiere de una política pública de Estado estratégicamente diseñada con la participación de todos los sectores políticos, gremiales, empresariales y de la academia, sin politiquería, envidias o mezquindades burocráticas.
Hay que tener en cuenta que de los veinte millones de personas ocupadas en Colombia, el 80% lo genera el sector privado, es decir, 16 millones de puestos de trabajo, lo que significa el papel relevante de la empresa privada como generador de riqueza en la economía. Por ejemplo, el caso de los empresarios de Medellín: 310 grandes empresas generan 400.000 empleos directos; 87.000 empresas medianas y pequeñas generan un millón de empleos directos; y, entre todas estas empresas le pagan al municipio de Medellín 1.8 billones de pesos de impuesto predial y de industria y comercio.
Ahora bien, por debilidad y complacencia de un gobierno no se puede acudir a una reforma tributaria para ordeñar al sector empresarial como si se tratara de una vaca lechera, pues un sistema tributario justo y progresivo debe ser equitativo, donde los ricos paguen lo que les corresponde, pero no como propone el senador Petro: sacarles a 4000 empresarios anualmente 3750 millones de pesos para cubrir los gastos de esa reforma tributaria. Eso sería alejar la inversión privada y ahuyentar el capital, que saldría disparado para otros países en busca de un mejor tratamiento. Como el problema de ese rebaño despistado, llamado la “Primera línea”, adiestrados en el arte de matar por descuido, como dice García Márquez en su libro “Doce cuentos peregrinos”, y preparados para este 20 de julio en ensayar un “combate épico” contra las autoridades de policía, es un asunto de ignorancia y manipulación mediática, Fecode podría contribuir en la ilustración de estos jóvenes, con charlas didácticas en los puntos de guerra, sobre la estructura y funcionamiento del Estado, para que no se dejen engañar tan fácilmente y puedan protestar con argumentos no violentos: sin piedras, sin bombas molotov y sin humo delirante.