Las cifras que reportan el aumento de masacres y asesinatos de líderes
Datos de Indepaz y del Sistema de Monitoreo de la JEP dan cuenta de los impactos humanitarios que deja la violencia en varias zonas del país Expertos analizan.
Al inicio del último mes del primer semestre del año, los retos trazados por el Gobierno —para este periodo— en materia de seguridad con miras a poner fin a los crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y las masacres parecen no tener un buen resultado.
Las cifras de los observatorios de DD. HH. de diferentes entidades reflejan un aumento de la violencia y la inseguridad, especialmente en las zonas rurales, dejando como consecuencia un impacto humanitario en esas zonas del país.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reporta que desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022 en el país se han registrado 44 masacres, tres más que las registradas en el mismo periodo de 2021 (41), que dejan hasta ahora 158 víctimas. De estos homicidios 8 se han registardo en la región Caribe.
Además también se reporta el asesinato de 79 líderes y defensores de derechos humanos (en el mismo periodo de 2021 fueron 70), de los cuales 11 se han registrado en la Costa Caribe.
Por otra parte, el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz de la JEP, sostiene que a lo largo de 2022 al menos 66 líderes sociales y excombatientes han sido asesinados; tales hechos se han registrado en 41 municipios de 21 departamentos.
A su vez, el mecanismo, a través del mapa interactivo sobre eventos del conflicto, registra 2873 afectaciones a civiles y acciones de entidades del Estado en lo que va del año.
UN INFORME. Precisamente sobre este escenario de violencia e inseguridad, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) elaboró un informe en el que expone que los actuales problemas en el territorio “ponen en riesgo” los dividendos de la paz y “complican la transición” iniciada tras la desmovilización de las Farc.
El documento señala que tras un análisis de hechos ocurridos en el país determinaron que los grupos armados “cambiaron sus objetivos”.
“Si bien en los últimos años se fortalecieron, no tienen la capacidad ni pretensión de competir directamente con el Estado, pero sí la facultad de desestabilización y control territorial en lo local”, expone el informe y deduce que lo anterior “genera múltiples escenarios con formas distintas de relacionamiento entre los actores ilegales (dominio, coexistencia y disputa), así como capacidades militares diferenciadas”.
De igual forma determinó que lo violencia “se concentró” en ciertos territorios, marcados por disputas que se mantienen en varias regiones, y en otros “se consolidaron las estructuras ilegales y lograron obtener control territorial y social. Y en otros más, coexisten grupos armados que se reparten el territorio”.
Este diagnóstico plantea la necesidad de aplicar “medidas urgentes para proteger a las comunidades, mientras que en áreas de consolidación armada son necesarias acciones para retomar el control territorial y la construcción de Estado”.
DOS ANÁLISIS. Para Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la situación del país de violencia amerita verlo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el conflicto interno.
El primer escenario, según el experto, responde a un fenómeno de pospandemia que nunca se atacó desde los gobiernos. “Hubo demoras para la promulgación de estrategias que conllevaran a atender el fenómeno y no se construyó una política pública que atendiera esta situación”.
Con relación al conflicto interno, Rosanía argumenta que el país tuvo una transición que el “Gobierno no la ha querido leer y que los militares no la han querido aceptar”.
“Hay una transformación de grupos armados en una línea ideológica-política y lo que tenemos en la actualidad, lo que hay, son organizaciones con portafolio de economía criminal, lo que quiere decir que estos grupos se pelean el mercado de la minería, narcotráfico y todo lo que les genere una renta. Esa transformación hizo que los grupos se fueran a una zona distinta, como las fronteras, y esa variable demuestra que las Fuerzas Militares siguieron usando una estrategia anacrónica pensando que el tema era combatir a las Farc de 1998”, expone el experto.
Esta nueva realidad, dice Rosanía, hizo que se generara una guerra entre los grupos y todas las comunidades que quedaron en mitad de los corredores y se dio paso a esta ola de violencia.