¿Dónde están Digno y ‘Castor’?

Tras inaceptables errores jurídicos y diplomáticos, dos reconocidos criminales Digno Palomino y alias Castor vuelven a estar totalmente libres para delinquir. Fuentes de inteligencia los ubican fuera de Venezuela, donde estuvieron presos varios años. Con contundencia, las autoridades deben saber actuar.

Dos de los más peligrosos criminales del Atlántico, Digno Palomino, alias Sebastián o el Viejo, y Jorge Díaz Collazos, alias Castor, otrora principales capos de la banda ‘los Costeños’, detenidos en Venezuela desde 2019, estarían hoy libres, y dedicados de lleno a delinquir –aunque esto nunca lo habrían dejado de hacer–, luego del fallido “songo le dio a borondongo” que durante años mantuvieron el Ministerio de Justicia y la Cancillería sobre sus procesos de extradición. Detrás de este embrollo de alcance jurídico, político y diplomático se encuentran, ¡oh, vaya sorpresa!, las inexistentes relaciones de Bogotá con Caracas que imposibilitaron por completo a las entidades en cuestión dar oportuno trámite a las solicitudes formuladas por las instancias judiciales del vecino país para resolver su situación jurídica. ¡Absurdo!

Palomino, señalado de una larga lista de delitos cometidos primordialmente en Barranquilla y su área metropolitana, era buscado por la Interpol con circular azul para rastrearlo más allá de nuestras fronteras e impedir que sus crímenes quedaran en la impunidad. Fue capturado el 10 de diciembre de 2019 en el estado Lara. Su extradición a Colombia, en manos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nunca prosperó porque Colombia -según pudo establecer EL HERALDO- jamás envió la documentación requerida para sustentar esta solicitud, de acuerdo con la normativa de ese país y del derecho internacional. Sin medios para seguir gestionando el caso, la justicia venezolana lo archivó el pasado 25 de mayo, dejando prácticamente abierta la puerta de la celda de Digno, quien habría sido puesto a disposición de la turbia Guardia Bolivariana. Parece que poco o nada interesó al Gobierno colombiano el prontuario de un delincuente tan nefasto para la seguridad y convivencia no solo del Atlántico, sino de todo el país.

La situación no fue distinta con alias Castor, su aliado en la estructura de mando de la organización criminal ‘los Costeños’. Este sujeto también buscado por Interpol, con circular azul desde noviembre de 2018, cayó en poder de las autoridades venezolanas el 4 de mayo de 2019. Mismo trámite para presentar la documentación formal de la extradición, misma inoperancia de los canales colombianos para dar respuesta a la petición del sistema de justicia del vecino país que en vista de los nulos progresos optó, de igual manera, por dejarlo libre. Su paradero, como el de su socio, es hoy una incógnita, aunque no se descarta que alguno de ellos, sino ambos, se encuentren en territorio colombiano y, lo que es aún peor, bastante más cerca de lo que muchos de sus anteriores compinches, hoy acérrimos enemigos, desearían.

Su indeseable aterrizaje, que convendría determinar si es causa o efecto del deterioro de la seguridad en distintos sectores de Barranquilla, Soledad y Malambo, se produce en una coyuntura desfavorable en la que grupos criminales como los ‘Rastrojos Costeños’, los ‘Papalópez’, los ‘Costeños’ –como tal- y el mismo Clan de Golfo, cada vez más fortalecido en el departamento, libran encarnizadas batallas por el control de las actividades ilícitas o rentas ilegales en el Atlántico. Compleja e incierta guerra, aún sin control, que ha provocado, a punta de homicidios selectivos y capturas de fichas clave por las autoridades, la reconfiguración de los organigramas de estas mafias y la puesta en marcha de otras alianzas delictivas.

Son demasiadas las razones para lamentar, si es un hecho ajustado a la realidad, el regreso a Barranquilla –materializado o inminente- de estos reconocidos delincuentes que tanto daño han causado con su indiscriminado accionar violento, sobre todo en sectores populares, durante la última década. Ni las explicaciones ofrecidas por la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, que intenta razonar lo sucedido indicando que “con Venezuela no existe relación diplomática” y por tanto, tampoco extradiciones o trámites; ni lo argumentado por la Cancillería que pide remitirse al Ministerio de Justicia, son suficientes para tolerar esta omisión institucional que deja a los habitantes de Barranquilla y sus municipios vecinos expuestos. Es ingenuo pensar que un Gobierno que va de salida resolverá su propio descuido, más allá de ordenar a los organismos de seguridad “crear, ejecutar y ajustar nuevas estrategias”. Estar preparados no es suficiente, deben ir uno o más pasos por delante de estos sujetos para que un ciclo de violencia, más agudo que el actual, no confirme su repudiado arribo. Guerra avisada no mata soldado.

Son demasiadas las razones para lamentar, si es un hecho ajustado a la realidad, el regreso a Barranquilla –materializado o inminentede estos reconocidos delincuentes que tanto daño han causado con su indiscriminado accionar violento, sobre todo en sectores populares, durante la última década.