Los mininarcos
El trabajo infantil es una realidad social, a pesar de que la legislación vigente lo prohíbe y exige —en condiciones excepcionales— autorización expresa para que los menores entre 12 y 18 años puedan trabajar. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de un millón niños son obligados a trabajar. Los datos de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, hablan de dos y medio millones de niños trabajadores en el país.
La mayoría de estos niños trabajan en la calle, en la minería ilegal, en la agricultura, en labores domésticas, y muchos son víctimas de trabajo forzoso y servil. Además, algunos son sometidos a la explotación sexual comercial o al reclutamiento como niños soldados de grupos ilegales armados, cuyos datos oscilan entre siete mil y 23 mil niños que han vivido en esa situación.
Hoy, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, especialmente por el aumento de los precios de la cocaína, una gran cantidad de niños han abandonado las escuelas, que ofrecen un seguro incierto, para integrarse al negocio del narcotráfico.
Un reciente estudio de la investigadora de la Universidad de Princeton María Sviatschi, en Perú, muestra cómo muchos niños desertan del colegio en las zonas cocaleras para trabajar en los cultivos. Ella concluye que no es la falta de educación la que aumenta la criminalidad en adultos, sino que lo que los marcó es la experiencia específica desde muy jóvenes en cómo participan en industrias ilegales.
En el Caribe la actividad del narcotráfico ha crecido. Según estudios de la Uniandes, en Barranquilla el microtráfico obtiene ganancias de aproximadamente 120 mil millones de pesos anuales, y muchos niños participan en esta actividad.
No se puede aislar este tema de la realidad social de la región Caribe, donde en los últimos cuatro años la pobreza ha crecido en forma dramática. Según el DANE, en Bolívar el 48,5 % vive en pobreza; en el Cesar el 56 %; en Córdoba el 58 %; en
Magdalena el 61 %, en Sucre el 54 %, y en La Guajira el 67,4 %. Con excepción de Atlántico, con cifras del 35,6 %, la mitad de los habitantes del Caribe están viviendo en una situación indigna de la condición humana que favorece la ilegalidad.
La economía nos ha enseñado que cuando los niños abandonan la escuela, disminuye la formación de capital humano, elevando la posibilidad de ingreso al mundo del delito, al no tener habilidades para desempeñarse en el mundo laboral formal; pero también los economistas plantean algo más delicado: que la participación de los niños a partir de los 10 u 11 años en los mercados ilegales ayuda a generar más capital humano, pero específico para la industria del narcotráfico. Es decir, más personas entrenadas —desde niños— para hacer más prósperos los negocios ilegales.
Una situación social de esta magnitud no se resuelve en cuatro años, pero hay urgencias que pueden aminorar el problema. Sería recomendable, al menos, ejecutar políticas muy focalizadas para que en los barrios nuestros niños y jóvenes no deserten de la escuela y vayan a engrosar las filas de los mininarcos.