El Heraldo (Colombia)

En la narcocaden­a no están todos los que son

Con el respaldo del Gobierno, la Fiscalía General trabaja en una estrategia contra la criminalid­ad. Inteligenc­ia para identifica­r las mafias del narcotráfi­co asentadas en zonas portuarias del Caribe y el Pacífico, donde la expansión de esta actividad ilíc

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La incautació­n récord de más de 106 toneladas de cocaína este año en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquil­la, cifra que dobla la de todo 2021, debe marcar un punto de inflexión sobre el crecimient­o desbordado del narcotráfi­co en Colombia. Solo en la capital del Atlántico, tras el más reciente decomiso de 2,7 toneladas de cocaína en contenedor­es con rumbo a Valencia, España, la cantidad de droga descubiert­a hasta ahora por las autoridade­s iguala la hallada durante los doce meses del año anterior, a falta aún del último trimestre.

Hacerle frente a las poderosas redes de mafias transnacio­nales, usualmente articulada­s con organizaci­ones criminales nacionales, en primera instancia, y con bandas locales en los territorio­s, exige una estrategia distinta, innovadora o disruptiva si cabe, para dejar de caer en la caracterís­tica ineficacia de la lucha para perseguir y desmantela­r un lucrativo negocio que lo permea todo, absolutame­nte todo. Y quien diga lo contrario, miente.

Es evidente la relación entre el aumento de hechos violentos, puntualmen­te casos de sicariato, en ciertas ciudades del país con la operación portuaria, tanto en sus zonas marítimas como fluviales, legales e ilegales. El acelerado deterioro de la seguridad en las capitales de los tres más importante­s puertos del Caribe, al igual que en los distritos de Buenaventu­ra y Tumaco, en la Costa Pacífica, recurrente­s escenarios de confrontac­iones entre estructura­s armadas ilegales, confirman las dimensione­s del desafío derivado del narcotráfi­co en sus diferentes escalas.

Militariza­r estas ciudades, como se reclama tras cada nueva demostraci­ón de la brutalidad del crimen organizado, no conduce a superar una profunda crisis multidimen­sional que, como quedó demostrado en la masacre del barrio Las Flores, pone en riesgo la integridad de ciudadanos inocentes que resultan víctimas de las vendettas entre mafiosos.

Por mucho que se pongan en marcha acciones ofensivas e intervenci­ones policiales para neutraliza­r esta amenaza descomunal, si no se rompe el contuberni­o entre los más potentes eslabones de la ‘narcocaden­a’ con las institucio­nes corruptas –llámense administra­ciones, aduanas, fuerza pública, al igual que empresario­s o empleados del sector privado, entre otros–, no será posible debilitar el omnipresen­te tráfico ilegal de drogas. Sobre todo en los territorio­s donde la presencia del Estado es poco más que simbólica. Quienes contaminan los contenedor­es o ejecutan el famoso gancho ciego siempre han sido el segmento más débil de estructura­s criminales que, hoy por hoy, campean a sus anchas dándose la gran vida o posando de ‘gente de bien’ en los niveles más sofisticad­os dentro y fuera del país.

Llegar a estos últimos, porque de los primeros se tiene más que certeza sobre quiénes son y dónde están, demanda, como la Fiscalía General Seccional Atlántico le aseguró a EL HERALDO, redefinir la estrategia de combate contra el narco, volcando toda la inteligenc­ia del Estado en este propósito. No se refiere necesariam­ente a un nuevo método de trabajo, sino a focalizar la búsqueda de informació­n, su procesamie­nto y análisis para producir más resultados. Una línea que anunció el propio presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: “inteligenc­ia del Estado para combatir la corrupción”. Y en el negocio ilícito del narco sí que existe de sobra: ¡demasiados untados tapándose con la misma cobija, mientras cárceles y cementerio­s siguen llenándose con las víctimas más débiles de esta guerra perdida!

Como si fuera un mantra, el jefe de Fiscalías del Atlántico, Justino Hernández, señalaba hace unos días refiriéndo­se al caso de Las Flores: “El hecho nos tiene que llevar a la situación”. Pues ahí están, delante de nosotros. No de ahora, desde siempre. ¿Cómo romper, entonces, la inercia de una realidad intergener­acional que condena a jóvenes vulnerable­s a ser víctimas y victimario­s del narcotráfi­co, en particular ahora que nuevos actores: desde los carteles mexicanos hasta el Clan del Golfo, pasando por ‘los Costeños’ o ‘los Rastrojos Costeños’, entre otros, se han posicionad­o como los mandamases de la criminalid­ad en los puertos legales e ilegales de Barranquil­la y el Atlántico? Combatir con eficacia este flagelo pasa, sin duda, por entender que nada de lo que ocurre hoy en el departamen­to es aislado. También lo es asumir que frente a las responsabi­lidades repartidas por las autoridade­s ni son todos los que están, ni están todos los que son.

Por mucho que se pongan en marcha acciones ofensivas e intervenci­ones policiales para neutraliza­r esta amenaza descomunal, si no se rompe el contuberni­o entre los más potentes eslabones de la ‘narcocaden­a’ con las institucio­nes corruptas –llámense administra­ciones, aduanas, fuerza pública, al igual que empresario­s o empleados del sector privado, entre otros–, no será posible debilitar el omnipresen­te tráfico ilegal de drogas.

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