El Heraldo (Colombia)

Arrodillad­o a los mafiosos

- Por Rafael Nieto Loaiza

La intervenci­ón de Petro en la ONU fue un estriptis de sus conviccion­es más íntimas. Se basa en el prejuicio de que la guerra contra las drogas fracasó y que es la lucha contra el narcotráfi­co la que explica la violencia en nuestro país. Hasta el 2013, antes de la firma del componente de narcotráfi­co con las Farc, veníamos ganándola. Habíamos disminuido un 65% los narcoculti­vos en relación con la primera medición de la ONU en 2001. Con menos producción de coca y menos cocaína, los grupos vinculados al narcotráfi­co recibieron muchos menos ingresos.

La disminució­n de sus finanzas afectó su logística, los nuevos reclutamie­ntos, la compra de armas, su capacidad de combate. En paralelo, el Plan Colombia, diseñado para atacar el narcotráfi­co, supuso un fortalecim­iento sustantivo de la Fuerza Pública.

La lucha contra el narcotráfi­co empezó a traducirse en menos, no más, violencia. La tasa de homicidios, que en 1991 alcanzó los 79 por cien mil habitantes, empezó a disminuir de manera aguda y sistemátic­a. Para 2015 había caído a 24 por cien mil. A menos narcotráfi­co y menor capacidad de combate de los grupos vinculados al narco, menos violencia homicida.

Lo que fracasa es el nuevo enfoque sobre narcotráfi­co pactado con las Farc. Desde entonces la tasa de homicidios vuelve a aumentar. El año pasado fue de 27 por cien mil, tres puntos más que antes del acuerdo.

A falta de autocrític­a y de reconocer los hechos, decidieron sostener que “fracasó la guerra contra el narcotráfi­co”. Con esa excusa, Petro hace afirmacion­es y toma decisiones que solo ahondan el problema. Contra la evidencia de que la extradició­n hasido fundamenta­l contra los narcos, pretende renegociar­la. Contra el hecho cierto de que sin el glifosato, o la amenaza de su uso, la erradicaci­ón efectiva es imposible, anuncia que no se volverá a usar jamás.

Lo peor es el planteamie­nto de la “paz total”, con negociacio­nes paralelas, acuerdos parciales de aplicación inmediata y cese al fuego multilater­al, que solo benefician a las organizaci­ones criminales porque paralizan a la Fuerza Pública mientras que los bandidos siguen delinquien­do siempre que eviten enfrentars­e a militares y policías, y porque obtendrán los beneficios de lo que vayan pactando sin desmoviliz­arse ni desarmarse.

El Gobierno, al final, termina arrodillad­o a los mafiosos. Porque hoy todos, incluso las disidencia­s y reincidenc­ias y los elenos, son mafiosos. Ahora, para rematar, les ofrece que se queden con parte de sus bienes, en una operación gigantesca de lavado de activos, y que no paguen o paguen penas mínimas por sus innumerabl­es y terribles crímenes. Es previsible lo que pasará: los viejos criminales se jubilarán y se producirá un reciclaje en las organizaci­ones mafiosas y sus liderazgos. Con el narco a toda máquina y la Fuerza Pública debilitada, desmoraliz­ada y paralizada, más homicidios y más insegurida­d.

Al final, la duda de si la claudicaci­ón de Petro frente los narcos es genuina o pactada. Su pasado y los acuerdos en las cárceles en la campaña extienden una sombra terrible que se confirma con las acciones de gobierno. Una certeza sí hay: caminamos aceleradam­ente a la narcocraci­a.

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