Gremios: regular tarifas amenaza inversiones en servicios públicos
Gremios de los sectores de energía eléctrica y gas dicen se afectaría la prestación ⬤ Solicitan que se respete la institucionalidad y que se tomen decisiones técnicas.
Los gremios de los sectores de energía eléctrica y gas del país advirtieron sobre los riesgos que implica el polémico anuncio del presidente Gustavo Petro de que asumirá temporalmente las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos a cargo de comisiones reguladoras.
“Las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos”, señalan los gremios en un comunicado.
Detallan que ante esta situación probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos.
El comunicado lo firman la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia).
Estos gremios recuerdan que los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 cuentan con una institucionalidad “robusta y estable” que ha permitido que todos los actores, incluyendo el Gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajen de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que las empresas esperan que se honre la institucionalidad.
Para los gremios es fundamental garantizar la seguridad jurídica que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.
“Tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país y puede terminar afectando a quienes se pretende beneficiar: las personas de escasos recursos”, dijo Sánchez.
Afirmó que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica y seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio.
Por su parte, los gremios expresaron su disposición para trabajar con el Gobierno, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, “para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial”.
Cabe recordar que según un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos, el presidente cuenta con facultades constitucionales y legales para asumir directamente las competencias de reglamentación tarifaria y que lo puede hacer vía decreto, el cual no se ha expedido hasta el momento.