LA REFORMA A LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS, UN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN
Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el borrador de reforma a los servicios públicos. Como sucede con tanta frecuencia en nuestro país, especialmente cuando se trata de las iniciativas del actual gobierno, la discusión ha estado marcada por el alarmismo. Somos conscientes de que un cambio en el modelo de servicios públicos puede afectar para bien o para mal a muchos grupos de interés. Por eso entendemos la ansiedad que la reforma despierta y queremos dejar en claro que estará antecedida de una amplia discusión política.
Es importante no perder de vista que apenas se han conocido textos en construcción. Antes de que la reforma se presente al Congreso habrá incorporado aportes de la ciudadanía, de los vocales de control, de las empresas y gremios de servicios públicos. El proyecto también surtirá un sinnúmero de cambios durante el trámite legislativo. Por eso, celebramos los argumentos que se han expuesto a favor y en contra, pues contribuirán a mejorar el resultado final.
Desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hemos participado activamente en la formulación de este proyecto. Tenemos la convicción de que el espíritu de los cambios fortalecerá el modelo actual de servicios públicos. La Ley 142 de 1994 acertó al promover el ingreso del capital privado a la prestación de los servicios públicos, pero se quedó corta en su desarrollo como finalidad social del Estado.
Su centralidad en nuestro ordenamiento jurídico es tal que la Constitución es explícita en cuanto a que es una de las áreas de la economía en la que el Estado debe intervenir, y que la regulación y supervisión son responsabilidades del presidente de la República. Con la Ley 142, el presidente delegó su función regulatoria en las comisiones expertas, pero esto no quiere decir que sean completamente autónomas. Deben trabajar en forma armónica para cumplir con las metas de política pública del Gobierno nacional como lo hacen las demás entidades del poder ejecutivo.
Los cambios propuestos en el proyecto de ley no afectan las bases del modelo actual de prestación de servicios públicos. La reforma no busca aumentar la participación del Estado en la prestación directa de los servicios públicos o su nacionalización. De hecho, unos de sus principales objetivos es la participación de más agentes en la generación de energía a través de comunidades energéticas y otras alternativas distribuidas.
El borrador que se conoció en los últimos días no es un documento terminado. Refleja las diferentes propuestas que se consideran necesarias para construir ese modelo acorde a otras realidades: nuevas tecnologías y alternativas de generación y prestación, los desafíos impuestos por el cambio climático y los principios de economía circular, entre otros. Para lograrlo necesitamos de la más amplia participación posible de todos los actores involucrados en la prestación de los servicios públicos. El debate apenas comienza.