LA NUEVA POLÉMICA EN TORNO AL SOAT
Max Galeano, excandidato al Senado por el Polo Democrático, ha emprendido una lucha contra el SOAT por considerarlo un robo. El presidente de Fasecolda, la Federación de Aseguradoras del país, tilda la cruzada de Galeano como un timo. La polémica está ser
Sin titubeos, Max Galeano, director de la organización Salud Colombia y gestor de la iniciativa de ‘Transparencia presupuestal de rendición de cuentas y participación’, califica como un “robo” el recaudo hecho por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), contra el cual emprendió una lucha frontal desde 2006 por afirmar que afecta la legalidad de los tributos y por considerar que las únicas beneficiadas con este cobro han sido las aseguradoras. “En lo corrido de 2016 recaudaron 3,7 billones de pesos por la venta de estos seguros y desde su creación ese monto supera los 20 billones de pesos”, dice Galeano. Según su versión, en este mismo periodo ningún accidente de tránsito ha sido cubierto por las aseguradoras, sino por el Sistema de Seguridad Social, con recursos del Presupuesto Nacional.
Una cuenta muy distinta es la de Fasecolda (la Federación de las aseguradoras del país), pues sus reportes (desde 1988 y hasta el 25 de febrero pasado) dicen que por siniestros sus afiliadas han cancelado 7 mil 087 millones de pesos.
Galeano apoya su alegato en que el Presupuesto Nacional de 2016 apropió, para cubrir los servicios de salud y prestaciones de víctimas de accidentes de tránsito (Ley 1769 - 2016), más de 220 mil millones de pesos, monto que también se especifica en el decreto de liquidación del presupuesto.
Este hombre, que generó el alboroto sobre el SOAT en redes sociales, tiene 58 años y una frustrada aspiración al Senado de la República avalado por el Polo Democrático (2014 - 943 votos); también, una historia milagrosa por haberse salvado en 2002, justamente, en un accidente de tránsito.
Exfuncionario del Ministerio de Transporte, Galeano es quien está detrás de las campañas en redes en las que se afirma que quienes quieran recuperar los dineros que han pagado a lo largo de su vida por SOAT podrán hacerlo; claro, mediando un asesoramiento que según el promotor es gratuito, pero que, en caso de que en efecto se intente “recuperar” dinero, los obligará a pagar 40.000 pesos para los trámites jurídicos respectivos (los detalles se pueden ver en la página web www.saludcolombia.org).
La respuesta a esas comunicaciones la encabeza el presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), Jorge Humberto Botero, quien acusa a Galeano de dar información distorsionada: “Él y sus acompañantes son personas inescrupulosas que anuncian la extinción del SOAT y están ofreciendo servicios para reclamar las primas pagadas de manera retroactiva”.
Botero insiste en que se trata de un timo, pues asegura que tiene información de que, además de los 40.000 pesos, los tramitadores están cobrando el diez por ciento de lo que supuestamente van a recuperar. “No se dejen engañar”, repite.
Pero los trinos de Galeano y compañía siguen circulando con fuerza. Por eso, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, salió a aclarar en las propias cuentas de Twitter: “El SOAT sigue siendo obligatorio para todos los vehículos automotores y motos que transiten por el territorio nacional”, “Si su SOAT fue expedido por una aseguradora autorizada es legal…”, “El SOAT no se ha erradicado…”, trinos que promocionó con la etiqueta #NoSeDejeEngañar
¿CUÁL FUE EL DETONANTE PARA ESTA SITUACIÓN?
Se trata de las interpretaciones dadas a la resolución 0005886, expedida en la inusual fecha del 24 de diciembre de 2015, por la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello. En dicha normativa se dispone un cambio en la manera de acceder al SOAT, pues establece que desde este año (2017) el documento se debe poder consultar vía electrónica.
“Implementar el registro en línea y en tiempo real de los datos de la póliza SOAT en el Registro Único de Tránsito (RUT) a través de la interoperabilidad de servicios web de las funcionalidades de las entidades aseguradoras con el RUNT”, precisa el artículo primero de la resolución. Este cambio debe entrar a regir el 5 de octubre próximo.
Las autoridades explican que en ningún momento se está eliminando el SOAT, sino cambiando la manera como pueda ser consultado.
Pero fue ese decreto el que sirvió de excusa para que en redes Galeano (y otras personas) iniciaran la campaña contra el SOAT, con vocación social, según ellos, y como una estafa, según el Gobierno y las aseguradoras.
“Con toda la información que tenemos nos hemos dirigido a la Fiscalía General para que conozca los mecanismos que se están desplegando para cometer estos fraudes, contrariando los intereses de los usuarios”, dice Jorge Humberto Botero.
El dirigente, en efecto, envió la comunicación al fiscal general, así como al ministro de Salud y al superintendente Financiero. En las tres entidades pusieron bajo la lupa la página web www.saludcolombia.org, lo mismo que a la empresa OSCgestionSAS, encargada de adelantar las reclamaciones de las que se habla en las redes sociales.
Aun así, Galeano insiste en la supuesta ilegalidad del SOAT al punto de afirmar que ampliará su campaña de divulgación, pues “las leyes de comercio en el país prohíben expedir seguros para apalancar derechos fundamentales como la vida o la salud”.
Puede ser que la polémica continué un tiempo más, pero lo cierto es que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito sigue tan vigente como desde cuando fue creado, mediante la Ley 33 de 1986.
También mantiene intacto su propósito legal: garantizar los recursos que faciliten la atención integral para las víctimas de accidentes de tránsito, de acuerdo con unas coberturas definidas.
Las cifras de Fasecolda, con corte a 2015, muestran que han sido expedidas 75.078.701 pólizas SOAT, con un recaudo de casi doce billones de pesos. Esas cifras incluyen los reportes de las diferentes compañías de seguros (Allianz, Axa Colpatria, Bolívar, Del Estado, La Equidad, La Previsora, Liberty y Mapfre, entre otras).
Con toda la información que tenemos nos hemos dirigido a la Fiscalía General para que conozca los mecanismos que se están desplegando para cometer estos fraudes, contrariando los intereses de los usuarios”. Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda.