Oscuridad en la casa
La liquidación de Electricaribe, por demostrada ineficiencia, mal servicio y falta de gestión está echando sombras sobre las crecientes relaciones de inversión y de amistad entre Colombia y España, hasta el punto de que ya un ministro español acusó a nuestro país de no ofrecer seguridad jurídica para quienes traen dinero.
El desencuentro ocurrió en momentos en que España seleccionó a Colombia como el segundo mejor destino de sus inversiones en América, después de México, y cuando unas 450 empresas españolas trabajan a todo ritmo en este país.
Luego de por lo menos 10 años de quejas generalizadas por su mal servicio, el gobierno colombiano decidió liquidar Electricaribe, controlada en 85,4 por ciento por Gas Natural Fenosa (GNF), subastar sus servicios y buscar inversionistas que quieran una empresa que tiene 2,5 millones de clientes. La firma estaba intervenida desde hacía cuatro meses en lo relativo a la gestión.
La liquidación supone para GNF seguir siendo propietaria y una pérdida de activos, algo que el gobierno español, o al menos el ministro de Economía, Luis de Guindos, interpreta como una especie de expropiación, que “pone en riesgo la credibilidad” de Colombia.
Y, con criterio, GNF demandó a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), para que le sea devuelto el manejo de la empresa y le paguen una indemnización de mil millones de dólares. Con esto, Electricaribe busca neutralizar reclamos legales de sus clientes y le apuesta a ganarse un buen dinero.
La razón de fondo del lío está en la falta de gestión de Electricaribe, incapaz de hacer efectivos los cobros de millones y millones que le deben sus clientes, que no pagan, y por lo mismo, dice la empresa, no puede emprender obras de ensanche y de mejoramiento de las redes.
La culpa, desde luego, no es el Gobierno. Es de la empresa, que no hace uso de los mecanismos legales para cobrar sus acreencias, y la falta de gestión de todos sus directivos, que administran quizás la peor electrificadora de Colombia.
Quizás la empresa, como lo afirmó un analista, pretendió que el Estado dispusiera todo lo necesario para hacer los cobros en su nombre, o que respondiera por las deudas.
Sin duda, la causa de causas es la cultura de buena parte de la sociedad colombiana, a la que le cuesta pagar lo que debe y que prefiere hacer malabares y trampas para tener servicios públicos, algo que en la Costa norte es generalizado.
La morosidad en los pagos de todo tipo al Estado es atribuida, en la mayoría de los casos, a la corrupción oficial: ¿para qué pagar, si el dinero público va a dar a los bolsillos de funcionarios corruptos?
Mientras el litigio avanza y se resuelve, como es costumbre, las empresas españolas siguen confiando en Colombia, operando con normalidad y optando a subastas. En lo que tiene que ver con nuestra región, Sacyr y Ferrovial se disputan una nueva autopista por 480 millones dentro de la III Ola del plan de Cuarta Generación (4G) de autopistas de Colombia. Ambas compañías figuran entre las tres finalistas para ejecutar la conexión Cúcuta-Pamplona.
Sin duda, la causa de causas es la cultura de buena parte de la sociedad colombiana, a la que le cuesta pagar lo que debe y que prefiere hacer malabares y trampas para tener servicios públicos, algo que en la Costa norte es generalizado