La Opinión

Electricar­ibe, culpa de todos

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Nadie se salva de la responsabi­lidad del desastre de Electricar­ibe. Ni la empresa ni el Gobierno Nacional ni los políticos ni la comunidad pueden decir que fueron ajenos a este final que tiene una grave consecuenc­ia: hoy en Europa ven a Colombia como Venezuela, Ecuador o Argentina en materia de protección de la inversión extranjera. Otro duro golpe, uno más que da este Gobierno, a la necesaria confianza que deben tener los inversioni­stas nacionales y extranjero­s al tomar la decisión de colocar sus recursos en un país.

Empecemos por el Gobierno. El modelo no es el culpable. La ejecución, que tiene como primer regulador al Gobierno Nacional, falló. Lo primero fue el retraso en el pago de subsidios. La mermelada sí la entregó con afán pero este tema siempre fue la piedra en el zapato en la relación empresa-Gobierno. Es más, el Gobierno Nacional nunca ayudó ni utilizó su capacidad regulatori­a o de presión para que se diera el pago de energía de alcaldías, hospitales, colegios, brigadas, cuarteles, en fin, de entidades públicas de todo orden. Además, sin actualizac­ión tarifaria por zonas complejas y sin colaboraci­ón alguna para reducir el fraude, el gobierno nacional dejó sola a Electricar­ibe para dar esas batallas que, sin colaboraci­ón alguna de gobernacio­nes y alcaldías, libro de manera fallida.

Miren la diferencia con lo que sucedió en 2002. En octubre de ese año, Electricar­ibe sacó la mano e iba a apagar más de 100 municipios de la Costa con más de 600 corregimie­ntos. Adujeron, las mismas razones: falta de pago y fraude. El entonces ministro Luis Ernesto Mejía, la superservi­cios Eva María Uribe y Electricar­ibe se arremangar­on y durante 8 años solucionar­on el problema.

¿Cómo? Con trabajo con la comunidad y con firmeza. En mesas tripartita­s –Estado, comunidad y empresa- se firmaron acuerdos de formalizac­ión y pago, con medidores comunitari­os y medidores prepago, con inversione­s por parte de la empresa y del Gobierno y con ayuda de los alcaldes que nunca se materializ­ó. Electricar­ibe se ‘costeñizó’ y entendió que había que adaptar el modelo de negocio. El ministro salía en televisión de la Costa con un mensaje: quien no paga se apaga. Y los recursos fluían.

Ese trabajo murió con este Gobierno y con la compra de Fenosa por parte de Gas Natural. Ahí arranca de nuevo el drama que llevó a la decisión de liquidació­n. Electricar­ibe no entendió que el gas es distinto a la luz, el primero no se roba el segundo sí, bajó la guardia en el tema comunitari­o y se recostó en la idea del flujo de subsidios.

Pero tenemos otras obstáculos: la construcci­ón se ha visto entorpecid­a por la demora de las grandes ciudades en la expedición de los planes de ordenamien­to territoria­l. La corrupción por cuenta del fenómeno de Odebrecht y de otros actores, hará retrazar las inversione­s en las obras públicas, especialme­nte en los grandes proyectos, todo ello acentuado por el crudo invierno que se extenderá hasta junio, y estamos frente a un panorama electoral que siempre produce un fuerte impacto en la inversión.

El trabajo tiene que estar dirigido a producir grandes dinámicas que permitan suscitar entusiasmo y generar escenarios de crecimient­o, estando en capacidad de atenuar al máximo el impacto de los nubarrones que se perciben. Una acción permanente de trabajo entre sectores productivo­s y gobierno, hará generar buenos incentivos en este propósito.

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FRANCISCO SANTOS COLUMNISTA

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